La ‘deuda en la sombra’ del Gobierno catalán supera los 30.000 millones

Además de las obligaciones contraídas con la banca y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), las finanzas de la Generalitat están comprometidas por una deuda en la sombra adquirida para llevar a cabo infraestructuras. Estos pagos diferidos ascienden a 30.839 millones de euros, según el Departamento de Economía, y se extienden hasta el año 2108. Con esa financiación estructurada se han sufragado desde prisiones hasta la Ciutat de la Justícia. Desde 2011, Economía ha reducido ese monto en 6.705 millones.

Para dar cumplimiento a la declaración independentista aprobada por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, el próximo Gobierno de la Generalitat deberá renegociar parte de la deuda y la “financiación estructurada”. Bajo ese paraguas se hallan varios métodos de pago diferidos, es decir, que no repercuten en el ejercicio en curso pero que deberán ir abonando los gobiernos venideros. A estas las fórmulas, entre las que están los derechos de superficie o los peajes en la sombra, fueron empleadas intensamente por el tripartito, aunque los informes de la Sindicatura de Cuentas señalan que han seguido siendo usados por el Gobierno de CiU.

Según el Departamento de Economía, en la actualidad esa financiación extrapresupuestaria alcanza los 30.839 millones de euros. Fuentes de la consejería que dirige Andreu Mas-Colell explican que desde 2011 han ido trabajando en renegociar esos pagos, de modo que desde entonces han conseguido reducirlos en 6.705 millones de euros. Esa herencia que unos gobiernos se van pasando a otros ha comprometido el Presupuesto de algunos años. De hecho, en el Plan Económico Financiero que el Ejecutivo catalán remitió al Ministerio de Hacienda hace tres años para el periodo 2012-2014 ya advertía de que “el margen de maniobra” de la Generalitat para alcanzar los “objetivos” de estabilidad presupuestaria estaban condicionados por estos “pagos diferidos”, que en un principio para esos años alcanzaban los 3.500 millones.

El último informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el presupuesto de la Generalitat de 2012 señalaba los principales compromisos derivados de esa financiación: 16.876 millones para la línea 9 entre 2013 y 2055; 1.372 millones para la Ciutat de la Justícia hasta 2039; 6.413 millones para carreteras hasta 2041; 2.672 millones hasta 2042 para levantar y mantener comisarías, juzgados y prisiones, y 299,11 millones hasta 2108 por un canon de unos terrenos al Consorcio Zona Franca.

Inversiones de Mas

Pese a que Economía ha reducido esos pagos, también los ha seguido usando. Según un informe elaborado por la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, el Ejecutivo de Artur Mas en 2012 ejecutó inversiones por 518,3 millones con cargo a ejercicios posteriores.

La resolución de JxSí y la CUP también insta a renegociar con la banca española los intereses de la deuda para destinar más fondos a programas sociales. De los 67.885 millones de euros de deuda que la Generalitat tenía en junio, según el Banco de España, 11.628 millones correspondía a la banca residente. De estos, 6.230 millones corresponden a créditos a largo plazo cuyas amortizaciones están cubiertas por el FLA. El resto responde a préstamos a corto plazo que, según Economía, se han renegociado de modo que apenas queda una cuarta parte por acordar.