“Solo se ha aceptado el 5% de nuestras medidas contra la corrupción”

Pedro Viguer (Valencia, 1965) lleva ocho años como decano de los jueces de Valencia, un cargo que eligen los propios magistrados. Viguer vuelve a presentarse a la votación del 27 de noviembre sin que de momento se conozcan más candidatos. 

Pregunta. Hace un año los jueces decanos plantearon 60 medidas contra la corrupción. ¿Qué eco han tenido?

Respuesta. Las sugerencias eran planteadas por quienes conocen lo que podría mejorar el funcionamiento de la jurisdicción penal porque están todos los días trabajando en los procesos. Muchas de las medidas son solo de carácter legislativo y no necesitarían desembolso. Algunas han sido incorporadas.

P. ¿Cuáles?

R. Pedíamos una modernización de la regulación de las medidas de investigación tecnológica, como la intervención de las comunicaciones. Era muy importante porque las intervenciones telefónicas estaban reguladas en cuatro líneas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso generaba muchas dudas y funcionábamos a golpe de jurisprudencia. Ahora se le ha dado una regulación mucho más completa.

"Ha de plantearse ya un cuerpo de peritos contables a disposición de los jueces. Tenemos conocimientos jurídicos, pero no económicos"

P. ¿Qué cambios echa más en falta?

R. Se tiene que plantear ya muy seriamente que se cree un cuerpo de peritos contables a disposición de los jueces. Nosotros tenemos conocimientos jurídicos, pero no económicos. Y que se regulen los recursos durante la instrucción. No puede ser que todo sea recurrible porque retrasa y paraliza las investigaciones. También la supresión en la medida de lo posible de los aforamientos, quizá manteniendo los que prevé el texto constitucional.

P. ¿Qué porcentaje de las 60 medidas que plantearon se han aplicado?

R. Pocas, puede ser un 5%. Y pese a no aplicarse, nos hemos encontrado con otra que parece destinada, más que a facilitar el trabajo de los jueces, a obstaculizarlo. Me refiero al establecimiento de un plazo límite en la instrucción de seis meses.

P. ¿No es bueno que haya un plazo para que los procedimientos no se alarguen indefinidamente?

"Limitar a seis meses la investigación judicial no tiene sentido cuando una comisión rogatoria a otro país puede tardar dos años"

R. Yo creo que tiene un carácter voluntarista. No por decir que las causas tienen que durar seis meses van a durar ese tiempo. No se soluciona así. Sobre todo porque durante la investigación hay numerosos paréntesis que no dependen del juzgado. Si remites una comisión rogatoria a Estados Unidos o Gran Bretaña, no digamos a un país del Tercer Mundo, puede costar dos años que te la respondan contestada. O cuando se practica una entrada y registro y se interviene abundante documentación, la policía no va a traerte el atestado ampliatorio tras analizarla hasta transcurridos unos meses. Si pides una pericial de ADN o cualquier informe técnico, va a tardar. Todos estos tiempos muertos hacen que se pueda llegar a cerrar procedimientos en situación de impunidad.

P. El Gobierno argumenta que habrá prórrogas cuando sea necesario investigar más.

R. Los plazos son generosos. Pero no acabamos de entender qué necesidad hay de establecer esta limitación de plazo cuando gran parte de los tiempos muertos no dependen de los juzgados o tribunales. Además, se transmite la idea de que los procedimientos se retrasan por hechos imputables a los jueces.

P. ¿Por qué cree que no se les escucha más?

R. Yo creo que sí se nos escucha.

P. Entonces ¿por qué no se les hace caso?

R. No lo sé. Habrá criterios de oportunidad política, no me atrevo a decir. Pero hay muchas reformas, las más sensatas diría yo, de los últimos cuatro o cinco años, no solo en el ámbito penal, que están basadas en propuestas de los jueces decanos. Por ejemplo, que la Administración pueda ser condenada en costas si se opone a una pretensión de forma temeraria. La desjudicialización de gran parte de la jurisdicción voluntaria -aquellos casos donde no hay litigio pero se necesita un auto judicial, como la venta de una finca de un menor, que también pueden hacer notarios o secretarios judiciales-. La despenalización de las faltas. La ley de segunda oportunidad. Y muchas otras.

"No soy partidario de suprimir el Consejo del Poder Judicial. Otra cosa es que haga falta reformarlo"

P. Los partidos están proponiendo reformas de la justicia. Una de ellas prevé suprimir el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué opina?

R. No soy partidario. Uno de los grandes logros de la Constitución Española fue conseguir un órgano de gobierno de los jueces. Otra cosa es que haya que modificar el sistema de nombramiento de los vocales. Creo que el sistema genuino serían 12 vocales de procedencia judicial elegidos por los propios jueces y ocho de procedencia parlamentaria.

P. ¿No implicaría ello dejar demasiado poder en manos de los jueces al margen de las Cortes?

R. Es el sistema que está vigente en Italia, parecido al que hay en Francia y el que originariamente preveía la Constitución. Combina la participación de los jueces y, para estar abierto a las distintas corrientes del mundo jurídico, también se elegirían cuatro vocales por el Congreso y cuatro por el Senado. Precisamente para evitar el corporativismo.

P. Los atentados de París han abierto el debate sobre si hay que reformar el marco legal antiterrorista. ¿Necesitan los jueces y la policía más herramientas?

R. Es un tema que se está desarrollando en Francia, político y en el que no debo entrar. En España desde luego los derechos están sobradamente protegidos, creo que contamos con suficientes herramientas y tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que funcionan muy bien.

P. ¿El proceso secesionista en Cataluña preocupa a los jueces?

"Pilar de la Oliva ha presidido el Tribunal Superior valenciano con dignidad, neutralidad y discreción"

R. Es un tema político. Nos preocupa como puede preocupar a cualquier ciudadano. En todo caso, la ley está para cumplirla.

P. ¿Cree que Pilar de la Oliva debería seguir como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana?

R. No puedo interferir en la elección del presidente del Tribunal Superior. Todos los candidatos son idóneos. Lo que sí puedo decir es que me une una relación de amistad y de admiración hacia Pilar que es indudable. Creo que es una magnífica magistrada y que ha ejercido el cargo con dignidad, con neutralidad y con discreción, pero es una opinión personal.

P. ¿Qué impresión tiene del nuevo Gobierno valenciano?

R. Creo que hay voluntad y ganas de hacer cosas para dar un empujón a la Administración de justicia, pero el tiempo lo dirá.

P. ¿Cuáles son las principales necesidades de los juzgados valencianos?

R. El problema es que está todo por hacer. Lo primero sería elevar el número de jueces para acercarnos a la media española. Tenemos 11 por cada 100.000 habitantes frente a la media de 21 de los países del Consejo de Europa. En la UE estamos en el puesto 21 de 28 países. No hemos logrado una apuesta decidida en justicia, a pesar de que cambian los gobiernos. Llevo ocho años en el decanato y estamos prácticamente en el mismo punto. No se crean apenas plazas judiciales. Tenemos una organización territorial, de partidos y juzgados, que es casi la misma que en 1870. Una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, no se acaba de acertar con un procedimiento judicial oral, moderno y flexible. Más de la mitad de los juzgados de España tienen una carga de trabajo del 150%. Y hay tres jurisdicciones en una situación bastante lamentable que son la civil, la mercantil y la social, con señalamientos a dos años vista. Un Consejo del Poder Judicial en el que los jueces no se sienten representados...