Bruselas analizará las denuncias de las víctimas sobre el siniestro del Alvia

Cuatro miembros de la plataforma de víctimas del accidente de tren de Santiago, que el 24 de julio de 2013 causó 80 muertos y 144 heridos, se han reunido este martes en Bruselas con altos cargos de Transporte de la Comisión Europea, que les han trasladado el compromiso de estudiar sus denuncias sobre las carencias de seguridad que presentaba la línea de alta velocidad en la que ocurrió el siniestro. Según el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, los responsables que les recibieron han mostrado “un gran interés” por sus reivindicaciones y les han pedido nueva documentación, con la vista puesta en la posible celebración de una nueva entrevista entre ambas partes dentro de unos meses, informa Europa Press.

La reunión de las víctimas con responsables europeos se produce después de que el pasado 7 de octubre el segundo juez instructor de la causa, Andrés Lago, propusiese el cierre de la investigación judicial con el maquinista, Francisco José Garzón, como único imputado. El magistrado lo considera responsable único del accidente por despistarse y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois, y resta relevancia penal a todas las deficiencias que presentaban tanto la línea de alta velocidad Ourense-Santiago en la que ocurrió el siniestro como el tren Alvia, varias de las cuales incumplirían diversas normas de rango europeo, según han trasladado las víctimas a los responsables europeos.

Dos de los peritos que participaron en la instrucción, entre ellos el más independiente de los nombrados por el propio juzgado, señalaron que Adif no analizó como obliga la normativa europea el riesgo que supusieron sus decisiones, tomadas en 2010 y 2012, de no instalar en la curva de Angrois el sistema de control constante de la velocidad propio del AVE, el ERTMS (sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, en sus siglas en inglés), y de desconectarlo también a bordo de los Alvia.

Las víctimas también lamentan que la decisión del juez de cerrar el caso culpando solo al maquinista se base en el estudio del accidente realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), nombrada por el Ministerio de Fomento y no independiente, como obliga la norma europea. Igualmente, las víctimas critican que se incumplió la normativa europea en lo que a publicidad engañosa se refiere, ya que la línea, financiada con fondos comunitarios, y el tren carecían de los sistemas de seguridad que se publicitaron durante sus respectivas inauguraciones.

Estas y otras deficiencias en la seguridad de la línea Ourense-Santiago han sido expuestas por las víctimas en una reunión de unas dos horas con Olivier Onidi, director al cargo de la red europea de movilidad, quien forma parte del tercer nivel del escalafón por debajo de la comisaria de Transportes, la eslovena Violeta Bulc. Con Onidi participaron también en el encuentro miembros de la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria.

La reunión ha sido gestionada por la portavoz europea del BNG, Ana Miranda, quien también ha desplazado a Bruselas a un experto ferroviario y a varios periodistas. Al término del encuentro Miranda ha destacado que su impresión es que los responsables comunitarios se han mostrado partidarios de “esclarecer la verdad sobre el incumplimiento de la normativa europea”. La nacionalista también ha llamado la atención sobre el papel que los responsables de la Comisión tendrán en el desarrollo de las denuncias que las víctimas interpusieron hace un año ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, ya que tendrán que comparecer en dicho foro y “quieren contar con toda la información y también con la versión de las víctimas”.

En su viaje a Bruselas, las víctimas han sido recibidas por representantes de Podemos y el PSOE, entre ellos el eurodiputado socialista José Blanco, ministro de Fomento cuando se inauguró la línea Ourense-Santiago y a quien las víctimas atribuyen parte de la responsabilidad del accidente. Blanco les comunicó que él no supo hasta “tres días después” del accidente que la línea carecía del control de velocidad ERTMS y atribuyó esa responsabilidad a los técnicos de Adif. “Lo sabría el director de seguridad de Adif”, dijo, según Europa Press, en referencia a Andrés Cortabitarte, en el cargo tanto en el momento en que se decidió no instalar el ERTMS en la curva de Angrois como luego, en 2012, cuando autorizó que se desconectase también a bordo de los Alvia. Cortabitarte llegó a estar imputado por el primer juez instructor de la causa pero se negó a declarar y fue desimputado por la Audiencia Provincial de A Coruña.

Blanco ha hecho hincapié en que un ministro no puede responder sobre todas las decisiones técnicas que se toman bajo su mandato, ya que esa no es su función, y negó que la inauguración de la línea Ourense-Santiago estuviese marcada por el calendario electoral. De hecho, indicó, la modificación del proyecto de la línea que acabó suponiendo la no instalación del ERTMS en la curva de Angrois retrasó su apertura en lugar de adelantarla.

Por la tarde, ya en el Parlamento Europeo, las víctimas han mantenido sendos encuentros con diputados miembros de la Comisión de Peticiones y con el presidente de la Comisión de Transportes de la Eurocámara, Michael Cramer, verde alemán integrado en el grupo Alianza Libre Europea (ALE), al que también pertenece el BNG. También han proyectado en una sala del Parlamento Europeo el documental que han patrocinado en el que se resumen las deficiencias en la seguridad de la línea y en la instrucción judicial que se han venido desvelando en los casi dos años y medio que han pasado desde el accidente.