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El PP critica al Consell por incumplir la promesa de eliminar todo el copago

Los titubeos de la Generalitat generan inquietud en los colectivos afectados

Las asociaciones exigen que se deroguen las leyes del PP que sancionaron los recortes

Una protesta contra el copago en dependencia frente al Palau de la Generalitat en 2014. Ampliar foto
Una protesta contra el copago en dependencia frente al Palau de la Generalitat en 2014.

"El tripartito ha jugado por puro interés electoral con las expectativas de muchas personas a quienes prometió quitar el copago. [La vicepresidenta] Mònica Oltra (Compromís) y [el presidente de la Genealitat] Ximo Puig (PSPV) se comprometieron durante la campaña electoral a eliminar el copago y ahora, como no pueden y no saben cómo hacerlo, se inventan anuncios que no son más que un engaño a la ciudadanía". Las palabras de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, evidencian que los populares han decidido colocar la supresión de los copagos a los discapacitados en su agenda electoral. Los titubeos iniciales del Consell a la hora de concretar como suprimir el copago farmacéutico y el copago en centros de día y residencias a los discapacitados han permitido al PP, que fue quien aplicó los recortes, alimentar la polémica a la caza del voto desencantado.

Las críticas populares han creado inquietud en los colectivos afectados y han obligado al Consell a movilizarse para explicar las decisiones adoptadas para suprimir los copagos a la discapacidad. Pero ¿en qué situación se halla la supresión de los copagos que prometieron el PSPV y Compromís?

El PP introdujo a partir del año 2012 dos clases de copagos para el colectivo de discapacitados, que tuvieron prestaciones gratuitas entre los años 2003 y 2012. Por un lado, el copago para la dispensación de medicinas y prótesis ortopédicas, aprobado mediante una ley estatal del Gobierno de Mariano Rajoy, que privó de la gratuidad a los menores con una minusvalía física o psíquica igual o superior al 33% y a los mayores de 65 años con una minusvalía igual o superior al 65%. Por otro, el copago en los centros de día, talleres ocupacionales y residencias, impuesto por el Consell de Alberto Fabra en plena fiebre de recortes. Un copago anulado por el Tribunal Superior de Justicia inicialmente pero que se mantuvo mediante una modificación de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat.

Tras la llegada del nuevo Consell, la consejera de Sanidad, Carmen Montón, intentó, inicialmente, derogar el copago farmacéutico y ortopédico mediante la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2016, pero el Consell Jurídic Consultiu advirtió que una autonomía no puede legislar sobre una competencia estatal. Un situación que se ha puesto de manifiesto con la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la ley de sanidad universal de la Generalitat con la que pretendía garantizar la asistencia sanitaria a los inmigrantes no regularizados.

Compensar el copago farmacéutico

Ante la imposibilidad de cambiar la legislación estatal, Montón ha optado por introducir tres líneas de subvención en los presupuestos de 2016. Una partida de 35 millones de euros para subvencionar los medicamentos a los pensionistas con rentas inferiores a los 9.500 euros anuales, otra de 6,4 millones con el mismo fin para el colectivo de discapacitados y una tercera de 200.000 euros para costear prótesis. "Es verdad que no se convierte la gratuidad de farmacia y ortoprótesis en un derecho para este colectivo, pero se compensará la situación hasta que se pueda derogar la ley mediante subvenciones", admiten en la Consejería de Sanidad, que niegan que haya existido improvisación. El pasado lunes la consejera de Sanidad, Carmen Montón, recibió a los distintos colectivos para explicarles la solución y tranquilizarles. Su departamento estudia ahora cómo redactar la orden para que los discapacitados puedan recibir la subvención de la manera más ágil posible.

El presidente del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en la Comunidad Valenciana, Joan Planells, se muestra satisfecho con la solución articulada por la Consejería de Sanidad. "El resultado es el mismo que si se hubiera anulado el copago", continua, "no ponemos ninguna objeción porque se ha buscado el realismo y de lo que se trata ahora es de forzar al nuevo Gobierno que salga de las urnas [en diciembre] a cambiar la legislación".

Otra cosa distinta es el copago en residencias y talleres ocupacionales. Compromís se comprometió a derogarlo, pero finalmente la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, ha decidido finalmente reformar la legislación del PP y no derogarla. Y ello a pesar de que los socialistas, con quienes comparte el Gobierno de la Generalitat, asumieron la posición del colectivo de discapacitados y presentaron un recurso contra la ley aprobada por el Consell del PP ante el Tribunal Constitucional. Un recurso que está todavía pendiente de resolución.

Oltra, a través de la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat, prevé suprimir el copago en los centros de día y en los talleres ocupacionales. Sin embargo, el copago se mantendrá en las residencias porque considera que allí los usuarios tienen todos sus necesidades básicas cubiertas.

Una opinión que no comparte el Cermi, que ha solicitado una reunión con Oltra. Para Planells los servicios que cubren las residencias no incluyen ni la ropa, ni las dentaduras, ni otros gastos relacionados con la calidad de vida. "Queremos que la gente tenga una vida plena", prosigue, "El copago es confiscatorio". Para el dirigente del Cermi, el nuevo Consell ha terminado por utilizar la misma expresión que el PP -"dinero de bolsillo"- para justificar que el copago no impide a los discapacitados seguir disponiendo de dinero para sus gastos personales. "Igualan a todos en la pobreza", sentencia.

La Consejería de Igualdad niega que el copago que se cobrará a los usuarios de las residencias sea como el del Partido Popular porque la cantidad mínima de que dispondrá cada usuario se elevará un 50% más al pasar de los 212 euros a los 325 euros mensuales, lo que representa un 65% del IPREM (un indicador similar al salario mínimo interprofesional). Además no se tendrán en cuenta las pagas extra, que cobrará íntegras el beneficiario, para fijar el copago con el que el usuario financia parte de los servicios que recibe en la residencia. Una mejora que no satisface al colectivo de discapacitados que exige la supresión total y que ahora busca que el resto de grupos parlamentarios apoyen su reivindicación.

 

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