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El Ivima vendió a un fondo por 68.000 euros pisos sociales que valían 100.000

Los gestores del instituto son los primeros en declarar en la comisión de la Asamblea

Comisión de corrupción para investigar la venta de pisos del IVIMA.
Comisión de corrupción para investigar la venta de pisos del IVIMA.

La Comisión de Corrupción de la Asamblea de Madrid trata desde ayer de averiguar porqué el Instituto de la Vivienda (Ivima) vendió en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs 2.935 pisos sociales por 68.000 euros cada uno, cuando estaban tasados en 100.000. Una de las declarantes, la exdirectora gerente Ana Gomendio, calificó varias veces de “magnífica” la operación financiera, que le ha valido una imputación por malversación y prevaricación. El 26 de octubre un juzgado falló que la venta fue conforme a la ley. Pero la Cámara de Cuentas se pregunta por qué el instituto ha malgastado 98 millones de su patrimonio.

La Comunidad ha dejado sin amparo a 590 hogares pobres

“Hemos revisado su situación y verificado las condiciones de su contrato, lamentablemente no podemos atender a su solicitud de reducción de renta, al no ser ya la vivienda que ocupa de titularidad de la Agencia de Vivienda Social”. Esta es una de las cartas tipo que están recibiendo familias sin recursos que durante los últimos dos años han disfrutaron de una ayuda al alquiler (hasta el 90%) y ahora están al albur de la buena voluntad de Golman Sachs.

En la misiva la Comunidad informa de que “su actual arrendador podría ofrecerle algunos alquileres más reducidos”. Y, en otro caso, adelanta que el inquilino podría “volver a solicitar una vivienda” social.

Fuentes de la consejería de Vivienda explican que la ayuda es por dos años y si los vecinos la han perdido “es porque han cambiado sus condiciones económicas”. También que “se garantiza el amparo social a quienes están bajo el paraguas del IVIMA”. Pero reconocen que si se enajenan las casas —como en este caso— “no depende del IVIMA [que se mantengan las condiciones], porque así lo recoge la ley”.

Según Vivienda, de las 590 viviendas que tenían ayuda de alquiler, se ha renovado con las mismas condiciones a 260 y se “estudian” otras 100. Lo que significa que al menos 140 familias han perdido la ayuda. Según los afectados, el fondo de inversión ofrece a las familias seguir pagando 90-110 euros un año, y, tras cambiar el contrato, pagan 450 “que es lo que tienen para vivir”.

Los dos gerentes del Ivima durante la operación, Juan Van-Halen y Ana Gomendio, se felicitaron en la comisión de que se hubiesen conseguido vender los pisos por un 20% más del precio de salida. El Ivima abrió la subasta en 168 millones (aunque los pisos estaban tasados en casi 300) y Goldman Sachs se llevó los 32 bloques en 11 municipios por 201 millones. “En ese momento los pisos habían perdido en Madrid, de media, un 40% de su valor”, dijo Gomendio.

“Lo que ha quedado claro en esta comisión es que no ha habido fines sociales o económicos, sino políticos”, sostuvo al terminar un perplejo Ignacio Aguado, de Ciudadanos. Encarnación Moya, del PSOE, se planteó por qué no se esperó un año para vender los pisos a los vecinos de las primeras promociones, como se había acordado. “¡Se hubiesen recaudado 81 millones!”, se lamentó. “No se ha pensado en el interés de los ciudadanos, sino de los amiguetes”, resumió Miguel Ongil, de Podemos.

Los gestores Gomendio y Van-Halen remarcaron durante su declaración —fue rara la vez que contestaban a lo que se les preguntaba, para desesperación general— que se optó por vender las casas para “proseguir las políticas sociales”. Eso suponía rematar 1.500 viviendas sociales.

Al cambiar a manos privadas, los 2.935 hogares han perdido su amparo social. Siguen pagando el mismo alquiler (entre 370 y 520 euros al mes); pero se les incluye en la factura —como dice el contrato— el IBI y la tasa de basuras que el IVIMA no cobraba por el riesgo de exclusión—; y a quienes tienen ya opción de comprar Golman Sachs les pide 140.000 euros por el piso que a él le costó 68.000 hace dos años.

Además, los vecinos no tuvieron derecho de tanteo y retracto. Es decir, no pudieron igualar la oferta del fondo de inversión. Y todo porque la ley cambió y los bloques se venden enteros. Aunque sí se vendieron individualmente garajes y locales.

Sonia Martínez, la presidenta de la plataforma de afectados, calcula que han parado unos 300 desahucios. Hoy está en manos del fondo la subvención del alquiler. Hay quien no paga más de 90 euros mensuales. “Algunos inquilinos no pueden encender la calefacción y envuelven con tres mantas a sus hijos en la cama”, contó Martínez con emoción.

La plataforma denunció ante la Agencia de Protección de Datos que información de los vecinos terminó en manos del fondo. Y la agencia podría multar a la Comunidad por este hecho con hasta 300.00 euros. “¡Estaban los datos hasta en Internet!”, se escandaliza la presidenta.

El Gobierno de Cristina Cifuentes se ha comprometido a no vender más casas a un fondo. En octubre el PSOE y Podemos trataron sin éxito que se aprobase una proposición no de ley que permitiese revocar la venta a Golman Sachs. Ciudadanos se descolgó el día de la votación de la propuesta, pues sus asesores legales no veían viable la desprivatización sin grandes costes.

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, cree que hay un “interés mediático por convertir esto en una pasarela de políticos a mayor gloria del interés electoral”. Pero las declaraciones siguen. El exconsejero de Vivienda Pablo Cavero, el expresidente Ignacio González y el exlíder socialista Tomás Gómez serán previsiblemente los siguientes en desfilar.