Dos agentes de Aduanas, a juicio por un fraude millonario de hace 15 años

Quince años ha tardado la justica en sentar en el banquillo a los acusados por un macrofraude de gasóleo que se produjo entre 1998 y 2000. De los 23 encausados, entre los que se encuentran empresarios, guardias civiles y agentes de Vigilancia Aduanera, finalmente solo se sentarán en el banquillo cuatro, entre ellos los dos procesados de Aduanas, ya que 12 imputados han llegado a acuerdos con la fiscalía, cinco han sido exculpados, uno ha fallecido y otro está declarado en rebeldía. La venta fraudulenta de gasóleo superó supuestamente los 30 millones de euros. El ministerio público ha pedido para quienes han aceptado los hechos penas de entre 19 y cinco meses de cárcel.

La vista oral se retomará pues el lunes contra José C. G., exjefe provincial de Aduanas en A Coruña; y José Ángel C.C., agente de este cuerpo encargado de controlar a las empresas de la trama: Carburantes Acibro, SL y Depósitos de Galicia, SL (Depogal). Lo que se juzga es su supuesta participación en una red que desvió gasóleo B, del denominado régimen fiscal suspensivo, procedente del depósito fiscal de Forestal del Atlántico, en Mugardos (A Coruña), a diversas sociedades radicadas en Portugal para comercializarlo después en Galicia como gasóleo A, exento de impuestos especiales y del IVA.

El fiscal ha modificado las penas para los 12 procesados con los que ha llegado a un acuerdo. En todos los casos el ministerio público admite la existencia de una atenuante "muy cualificada" de dilaciones indebidas, ya que el fraude que se juzga se habría cometido supuestamente entre los años 1998 y 2000, por lo que existen algunos delitos que ya han prescrito, informa Europa Press.

Los abogados de los cuatro acusados con los que no ha habido acuerdo solicitaron al tribunal la nulidad de las escuchas telefónicas que sostienen la acusación. Además, los letrados afirman que se ha vulnerado el derecho a una legítima defensa de sus clientes, así como la tutela judicial efectiva o, incluso, su derecho a la intimidad.

Entre los encausados que han admitido su participación en la red están Manuel Prado López y Ángel Rafael Piñeiro Bermúdez, para los que el fiscal pide siete meses y 16 días de prisión por cada uno de los dos delitos a la Hacienda Pública que reconocen, así como el pago de la cantidad defraudada (1,4 millones de euros en el año 1999 y 253.000 euros en el 2000). Por el delito de falsedad en documento mercantil solicita para cada uno la condena de cinco meses y ocho días de prisión y una multa de dos meses a razón de una cuota diaria de seis euros.

Para Pastor Alicio Antonio Pérez Arribas, como autor de un delito contra la Hacienda Pública, el ministerio público reclama una pena de tres meses de prisión; y por un delito continuado de falsedad en documento público, cinco meses y ocho días de prisión. Para Carlos Bautista Parejo, Severino Lacueva Fernández, Manuel Cándido Vijande Méndez, Antonio Fuentes Redondo y Vicente Buenaventura Bueno López, demanda cinco meses y ocho días de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y una multa de seis meses con cuota de seis euros al día. Finalmente, para cuatro agentes de la Guardia Civil solicita seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros más la inhabilitación especial para el empleo de funcionario público durante un año.