13 empresas concursan para hacer la nueva cárcel Modelo

El proceso de construcción de una nueva cárcel en Barcelona avanza para cumplir el compromiso de la Generalitat y el Ayuntamiento de cerrar la Modelo en 2017. Un total de 13 equipos de arquitectura se han presentado al concurso convocado por la Generalitat para la redacción del proyecto y la dirección de obra de la nueva cárcel de presos preventivos que el Gobierno catalán construirá en la Zona Franca de Barcelona. Mientras, el Ayuntamiento quiere revisar el convenio firmado con la Generalitat y que prevé que la ciudad pague el centro abierto. Los sindicatos, por su parte, ponen en duda que se cumplan los plazos previstos.

Mientras, la población reclusa se ha reducido en un tercio en los últimos tres años en el antiguo edificio del Eixample: de 1.596 presos se ha pasado a 1.013, según el departamento de Justicia. Del total, 639 son preventivos y 374 cumplen condena. A los penados se les está trasladando a centros de la provincia como Brians, Quatre Camins o Lledoners, señala Justicia.

Hace un año Trias y Mas aseguraron que la cárcel se cerrará en 2017. "Esta vez va en serio", dijo el presidente

Los vecinos de Barcelona ya han perdido la cuenta de las veces que, durante cuatro décadas, sucesivos alcaldes y presidentes de la Generalitat han puesto fecha al cierre del histórico edificio de seis brazos. La última la anunciaron el hoy presidente en funciones, Artur Mas, y el exalcalde Xavier Trias, hace un año: el traslado se hará en 2017, dijeron. “Esta vez va en serio”, advirtió Mas a los escépticos. La actual Modelo, donde hay presos penados, de tercer grado y preventivos, se dividirá en dos: un centro abierto para los que solo duermen en la cárcel, y otro de preventivos, el que ha salido a concurso. Los dos en la Zona Franca.

Con CiU capitaneando la Generalitat y el Ayuntamiento, el acuerdo de hace un año consistía en que la ciudad pagará el nuevo centro abierto y luego lo alquilará a la Generalitat. Del centro de preventivos se encargaba la Generalitat, según el acuerdo.

El acuerdo fija que Barcelona paga el centro abierto y lo alquila a la Generalitat, que construye el de preventivos

El protocolo consistía en que la Generalitat vendía suelo al Ayuntamiento y compensaba así parte de la deuda. Se trata de una pastilla, la del edificio de los talleres, que vale 15 millones de euros, donde se pueden edificar 30.000 metros de techo entre oficinas y uso hotelero. Fue un anuncio polémico que levantó polvareda de puertas adentro en el Ayuntamiento: tanta, que los concejales del PSC, PP e ICV rechazaron, por mayoría el convenio. Una votación que no fue vinculante, pero mostró el desacuerdo con la decisión de Trias.

El actual equipo de la alcaldesa Ada Colau asegura que está “estudiando en profundidad el convenio firmado y sus implicaciones económicas, urbanísticas y competenciales”. “Es un tema muy complejo que hay que valorar paso a paso y hay que valorar con una administración que ahora mismo está en funciones”, añaden fuentes municipales. “Lo que hay que decidir son los compromisos que estamos dispuestos a asumir”, insisten. El ejecutivo de Colau se debate entre el compromiso con los vecinos de liberar el espacio y recuperarlo para la ciudad; y que cuestiona pagar una cárcel, “una competencia de la Generalitat”.

Trias comenzó el derribo simbólico de un muro antes de las municipales. Pero en el espacio no hay nada

Los sindicatos CC OO y UGT aseguran que “es imposible cumplir los plazos”. El coordinador del área de prisiones de CC OO, Carlos de Ardanaz, mantiene incluso en el caso de que se levantara el centro de preventivos, cerrar no la Modelo no sería fácil, “porque con el nuevo Código Penal puede aumentar la población reclusa”. Desde UGT, Xavier Martínez, recuerda que pese al derribo simbólico de un edificio del complejo de la Modelo en víspera a las elecciones municipales -donde no se ha hecho nada-, todavía hay presos de tercer grado en el recinto y que la cárcel de la Trinitat sería insuficiente para albergarlos. Además, duda de que el actual Ayuntamiento esté de acuerdo en pagar "una cárcel que costará 100 millones de euros" y recuerda el rechazo que el convenio entre Mas y Trias provocó en la oposición.