Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Bcomú se queda sola con su proyecto de ordenanzas fiscales

CiU, PP y PSC votarán en contra mientras que ERC y Ciutadans se abstendrán

Vista del pleno del Ayuntamiento de Barcelona
Vista del pleno del Ayuntamiento de Barcelona

El Gobierno de Ada Colau pierde apoyos para llevar a cabo su proyecto de aprobar las ordenanzas fiscales que se votará hoy en el pleno. El PSC (4) anunció ayer en rueda de prensa su negativa a dar luz verde a unas ordenanzas que considera “conservadoras y poco sociales”, una postura que también comparte Esquerra Republicana (5), que aunque menos tajante a la hora de criticar el proyecto de Colau, aseguró que se abstendrá en la votación. CiU (10) y PP (3) ya avanzaron también su negativa a llevar adelante las ordenanzas y C's (5), que en un principio anunció que se abstendría, rectificó ayer y no revelará su postura hasta el día del pleno.

Por el momento, el único apoyo que podría quedarle a Colau sería la CUP (3), que no ha querido avanzar el sentido de su voto. En ese escenario, el Gobierno de Bcomú contaría con 14 votos a favor; 17 en contra y 10 abstenciones, unos números que no permiten dar luz verde a las ordenanzas fiscales, que llevan como principal novedad una congelación de los impuestos, incluido el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). La izquierda los ve poco ambiciosos, y pide valentía a un Gobierno que prometía cambios.

En la actual tesitura, el Gobierno de Colau podría retirar las ordenanzas y convocar un nuevo pleno para aprobarlas. El problema es el poco tiempo del que dispone, ya que deben aprobarse antes de finalizar el año, concretamente antes del 23 de diciembre. En el caso de no contar con el apoyo de la oposición para llevar adelante las ordenanzas, se prorrogarían las vigentes, aprobadas por el Gobierno de Xavier Trias, con el apoyo del PP en 2012.

El pleno de hoy será decisivo también para decidir el destino de los 96 millones de superávit previsto a políticas sociales y urbanas. Los partidos reprochan al Gobierno que el paquete de medidas incluya aspectos que no ven de carácter social: como pagar una indemnización judicial pendiente, IVA o comprar locales.