ERC exige a Mas que congele una adjudicación de 80 millones

Los escándalos de corrupción están causando estragos en la negociación para la constitución del nuevo gobierno catalán más allá de la investidura de Artur Mas. Esquerra Republicana, socia de Convergència en Junts pel Sí, ha pedido en el marco de las conversaciones que el Gobierno catalán retire o frene varias adjudicaciones que considera sospechosas. Entre ellas figura un contrato de consultoría por valor de 80 millones de euros que la Generalitat sacó a concurso en pleno mes de agosto y que, según ERC es innecesario y poco transparente.

Esquerra Republicana aspira a hacerse con el control de casi la mitad del próximo Gobierno catalán. Pero lo que más preocupa en estos momentos a la formación de Oriol Junqueras es verse salpicada por los escándalos de corrupción de Convergència Democràtica. Por este motivo quieren que el Gobierno catalán “haga limpieza” antes de incorporarse formalmente a él. Los republicanos están revisando contratos y adjudicaciones para evitarse sustos, y han encontrado al menos tres operaciones que no les convencen. La primera y más importante es un concurso convocado por la Generalitat el pasado 5 de agosto para contratar un servicio de consultoría por cuatro años para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) por un valor de 80 millones de euros. Dicha adjudicación no se hace en forma de concurso de libre concurrencia, sino como “procedimiento negociado sin publicidad”. ERC da por hecho que se llevarán el concurso las dos empresas que ya han venido gestionando el modelo de gobernanza de sistemas informáticos los últimos años: Deloitte y Capgemini. Para los republicanos este sistema impide que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a tan suculento concurso y recuerdan que varios exdirigentes de Convergència forman parte de la dirección de las grandes consultoras.

Fuentes de la negociación consideran que las tareas que se van a encomendar a estas empresas las pueden hacer en buena medida los funcionarios de la Generalitat y que el concurso, además de lesionar los intereses de las empresas que no tienen acceso al procedimiento negociado, acabará costando más dinero a las arcas públicas.

Los republicanos pretenden paralizar otros concursos y adjudicaciones. En el Departamento de Enseñanza quieren suspender la puesta en marcha del cambio de sistema de información por considerar poco viable la vía que ha previsto el actual Gobierno. Además, son muy críticos con la compra de programas informáticos que ha venido haciendo el Departamento de Empresa y Empleo del que depende el CTTI. Concretamente, quieren paralizar la compra de nuevos sistemas de geolocalización a empresas próximas a dirigentes de CDC.

Pero antes de negociar el reparto de las áreas de Gobierno queda por ver si Artur Mas podrá o no repetir como presidente, y para ello se ha erigido en el interlocutor con la CUP. En un intento de salvar esta negociación el propio presidente se implicó el pasado lunes en las negociaciones y se reunió con representantes de la CUP. Nada ha trascendido del contenido del encuentro. Lo único que reitera la formación de izquierda anticapitalista es que Mas debe olvidarse de su apoyo y dejar paso a otro candidato.