El Bigotes: “Cuerpo a tierra que vienen los nuestros”

Los ánimos de los acusados en el primer juicio a la trama Gürtel que se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia valenciano estaban este lunes agitados. El motivo eran las novedades de la última semana, entre ellas la entrevista concedida por el exdirector de Orange Market Juan Carlos Rincón y ahora testigo de la fiscalía a EL PAÍS, en la que afirmaba que la filial en Valencia de la red tuvo ventaja ante el Gobierno valenciano. Y la supuesta declaración en la que el líder de la trama, Francisco Correa, admitía parte de los delitos que se investigan en el caso, hecha pública por eldiario.es.

En uno de los corrillos formados antes de la reanudación del juicio, Álvaro Pérez, El Bigotes, presunto cabecilla en Valencia de la red, preguntaba: "¿Cómo se llamaba el ministro de Franco que decía: 'cuerpo a tierra que vienen los nuestros?". Una frase, que se ha atribuido al mismo tiempo a Pío Cabanillas y a Rodolfo Martín Villa, referida a los peligros del fuego amigo.

El juicio que se desarrolla en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) está centrado en el presunto amaño de los contratos para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009 por importe de cinco millones de euros. Los acusados, entre ellos dos exconsejeras y varios funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo, afrontan peticiones de pena que alcanzan en algunos casos 11 años de prisión.

Vicente Dómine, ex director general de Transportes, ha declarado este lunes como testigo sobre la participación de su consejería, Infraestructuras, con un expositor propio en el pabellón de la Comunidad Valenciana. Esa contratación, según fiscalía, fue irregular, como la de la Consejería de Territorio. Dómine ha contradicho lo mantenido por las defensas de los acusados al asegurar que la participación de su departamento en Fitur estuvo dirigida hasta el detalle por la Consejería de Turismo.

"Nos dijeron que desde Turismo ya estaba encauzado todo y que no necesitaban nuestra colaboración. Los trabajos se hicieron por Orange Market y otras empresas que están en el expediente, la contratación se hizo desde nuestra consejería de acuerdo con las indicaciones que nos hizo Turismo", ha declarado Dómine.

En ese conjunto de decisiones se incluyó, según el ex director general, el hecho de que para hacer un expositor se contratara con cinco empresas del grupo de Correa por importes que no superaban en ningún caso los 12.000 euros, lo que permitía adjudicarlos directamente. La entonces trabajadora de Orange Market y ahora acusada Mónica Magariños contó al tribunal que las instrucciones para fraccionar los contratos fueron trasladadas a la empresa por las consejerías de Territorio y de Infraestructuras.

Dómine ha negado que nada relativo a la contratación partiera de su departamento. Y ha llegado a decir que el montaje del expositor fue un tanto decepcionante porque todo se llevó desde fuera. "Nosotros teníamos ilusión por participar en aspectos técnicos, aportar algo a la conformación del stand". Ha admitido, sin embargo, que hubo trato con la exempleada de Gürtel y ha señalado a Rafael Betoret, uno de los acusados, que en aquel momento era jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. "El nombre que se nos dio fue el de Mónica Magariños como persona de contacto. Tuve una conversación con Rafael Betoret", ha declarado el testigo.

El ex alto cargo de la Generalitat ha defendido que no saltaran alarmas por la forma en que se realizó la contratación en su departamento, dirigido entonces por el fallecido José Ramón García Antón, pagando pequeñas cantidades a cinco empresas. "No nos pareció descabellado para nada porque en algunas jornadas técnicas ya habíamos contratado de forma separada trabajos intelectuales y materiales". Además, ha insistido, "entendimos que las facturas venían validadas por la Consejería de Turismo".

Ramón Doménech, subsecretario de la Consejería de Territorio en el momento de los hechos, ha afirmado que no llegó a ver las cinco facturas que, según la fiscalía también en este caso apuntan a un fraccionamiento premeditado del contrato de un expositor para este departamento. Doménech ha señalado que la persona que tenía responsabilidades en la contratación y en "todo el trámite administrativo" en Territorio era Tina Sanjuán, ex secretaria general de la consejería.

Sanjuán cumple desde este verano una pena de seis años en la cárcel de Picassent por malversar fondos de cooperación al desarrollo dentro del caso Blasco.