Un constructor que pagó 3,6 millones a Pujol hijo, entre los 11 detenidos

Tesorero de CDC y de las dos fundaciones a través de las que el partido recibió más de 10 millones de donaciones de empresas beneficiarias de obra pública, CatDem y Barcelona Fòrum. Viloca asumió las finanzas de la formación tras la jubilación en diciembre de 2010 de Daniel Osàcar, para quien la fiscalía pide 7,5 años de cárcel por otro caso de corrupción que afecta a CDC, el caso Palau.

Es el número dos en el organigrama de Infraestructures.cat, antigua Gisa y la mayor adjudicataria de obra pública de la Generalitat. Es un hombre muy vinculado al actual consejero de Justicia, Germà Gordó, al lado de cual ha estado en los últimos años. Fue subdirector de Infraestructuras del Departamento de Agricultura cuando Gordó, hasta hace pocos años considerado un hombre del núcleo duro de Artur Mas, era secretario general del Departamento de Agricultura. Desde allí dio el salto como director a Aigües del Segarra-Garrigues, la empresa que se adjudicó la construcción y explotación del Canal Segarra-Garrigues, uno de los mayores concursos adjudicados por la Generalitat, valorado en unos mil millones de euros y hoy casi parado tras múltiples desviaciones presupuestarias.

De ahí, Rossell pasó a Infraestructuras.cat una vez que Gordó pasó a ser secretario del primer Gobierno de Artur Mas. Desde su posición ha participado en algunas mesas de contratación, entre ellas la de la adjudicación de ATLL. Los servicios jurídicos de la Generalitat denunciaron que intercambiara correos electrónicos con el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales cuando este preparaba una resolución que ha acabado judicializando una concesión de 1.000 millones de euros tras una denuncia de Agbar.

Consejero delegado de Copisa, una de las mayores constructoras catalanas y adjudicataria habitual de la Generalitat. Copisa es, tras el Grupo Agbar, la mayor donante a las fundaciones de Convergència en los últimos años. Entre 2008 y 2013 la empresa pagó a CatDem y Barcelona Fòrum un total de 1,06 millones de euros. Taulé también está imputado en el caso de corrupción que investiga a Jordi Pujol Ferrusola, al que Copisa pagó 3,6 millones.  

Dueño del Grupo Soler, uno de los mayores donantes a las dos fundaciones de Convergència en los últimos años (590.000 euros). Los investigadores han puesto el foco en la construcción de un centro cívico en el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages (Barcelona). La obra fue adjudicada en febrero de 2009 por 1,13 millones de euros. Poco después, CDC recibió una donación por el 3% del proyecto (34.000 euros).

Directivo de otra de las constructoras registradas, Oproler, Lerma figura personalmente en la lista de donantes a las fundaciones de Convergència. En concreto, en 2010 hizo un donativo de 13.500 euros a la Fundación Barcelona Fòrum.

Directivo de Urbaser, filial del grupo constructor ACS de Florentino Pérez. Anticorrupción investiga la adjudicación de 2011 en el Ayuntamiento de Olot del servicio de limpieza y recogida de basuras, en un contrato de ocho años por 20 millones de euros. Agentes de la Guardia Civil han acudido al ayuntamiento para conseguir la documentación del expediente.

Administrador de Rogasa, una de las empresas registradas en la operación de hoy. Romero es también administrador de otra empresa, Rehac SA, adjudicataria de obra pública por la Generalitat y ayuntamientos gobernados por CDC.

Administrador de varias empresas constructoras y de servicios, es también socio de Tec Cuatro. Esta sociedad también figura en la lista de donantes a las fundaciones de Convergència, con 50.000 euros a CatDem en 2012.

Directivo de la empresa constructora Enseñat i Roca, que se ha unido a la empresa también registrada Oproler para llevar a cabo obras públicas.