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Camps y Cotino declararán en la comisión de investigación del metro

El nuevo Gobierno del socialista Ximo Puig premia a la Asociación de Víctimas con la Alta Distinción de la Generalitat

Parlamentarios de Ciudadanos, PSPV, Compromís y Podemos en la presentación del plan de trabajo de la comisión.
Parlamentarios de Ciudadanos, PSPV, Compromís y Podemos en la presentación del plan de trabajo de la comisión.

El expresidente de la Generalitat, el popular Francisco Camps, y su exconsejero de gobierno, Juan Cotino, declararán en la comisión de investigación del accidente de metro que en 2006 se cobró la vida de 43 viajeros en Valencia. Los grupos parlamentarios del PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos han presentado este jueves el plan de trabajo de la comisión, en la que declararán 70 personas a lo largo de seis meses.

El PP, partido que gobernaba la Generalitat cuando un convoy de la línea 1 de Metrovalencia descarriló aquel 3 de julio de hace nueve años, ha presentado su propia hoja de ruta, en la que pide la comparecencia de los jueces que han intervenido en la instrucción del accidente.

Francisco Camps, que presidía la Generalitat cuando el convoy de la Línea 1 de Metrovalencia descarriló entre las estaciones de Plaza de España y Jesús, nunca recibió a las víctimas, y su consejero Juan Cotino fue, según testimonios de algunos familiares de las víctimas, quien acudió a sus casas a ofrecerles empleo y ayudas si no denunciaban a la Generalitat. Los familiares les acusan desde hace años de "intentar echar tierra" sobre uno de los accidente de metro más graves de Europa.  

Todos los grupos excepto el PP han presentado un plan conjunto de trabajo en el que solicitan, además de diversa documentación a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), a la Generalitat, al Síndic de Greuges y a la Universitat de València, un total de 70 comparecencias, que incluyen a los que fueron portavoces en la anterior comisión de 2006, a trabajadores de FGV, policías, bomberos, médicos o exresponsables de Radio Televisión Valenciana como Lola Johnson, Pedro García o Luis Motes.

El Parlamento valenciano ya celebró en 2006, poco después del descarrilamiento, una comisión de investigación, que se sustanció en pocas semanas y donde el PP, que tenía la mayoría absoluta en la Cámara, vetó a muchos de los testigos que pedía la oposición. Años después ha trascendido además que muchos de los técnicos de FGV que declararon en la comisión declararon aleccionados por una empresa externa, que preparó sus testimonios.

"Nosotros no somos un tribunal de justicia. Lo que queremos averiguar es si las Administraciones Públicas funcionaron, si el Gobierno valenciano atendió o no debidamente a las víctimas y si los medios de comunicación públicos dieron la adecuada cobertura al accidente y a lo que sucedió posteriormente", ha dicho la socialista Ana Barceló.

El diputado del PP Alfredo Castelló ha criticado que se les ha "excluido sectariamente" de esta "subcomisión dentro de la comisión" que han creado estos cuatro partidos, ha anunciado que no vetarán ninguna petición de comparecencia, del mismo modo que espera no se veten las suyas, y ha lamentado que estos grupos han creado un "circo político" y tienen ya "absolutamente claras" las conclusiones incluso antes de que arranque el trabajo de la comisión.

La Generalitat valenciana entregará mañana, Día de la Comunidad Valenciana, su Alta Distinción a la Asociación de Víctimas del Metro por los casi nueve años de lucha para que el siniestro no cayera en el olvido y se resarciera a los perjudicados con una investigación parlamentaria objetiva.

La primera comisión de investigación parlamentaria, que tuvo lugar pocas semanas después del siniestro, apenas duró unas semanas y el PP, que tenía la mayoría política en  la Cámara, vetó muchos de los testigos que solicitó la oposición. Años después trascendió además que los técnicos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana acudieron a las Cortes aleccionados por una empresa externa, que preparó sus declaraciones.

La Audiencia pide un análisis de riesgos a FGV

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha solicitado a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) un análisis de riesgos para estudiar la actuación de los responsables de la entidad y porque son muchas las causas que pueden provocar un exceso de velocidad en un tramo de vía con riesgo de descarrilamiento.

Así se desprende de una resolución dictada por este tribunal, que estima parcialmente el recurso presentado por la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio contra dos autos dictados por la jueza en los que desestimaba solicitar este análisis y otras peticiones como requerir a FGV todas las medidas de seguridad adoptadas en la Línea 1 desde su inauguración hasta la fecha del accidente, así como una explicación por la falta de adopción de mecanismo alguno para impedir que no se superase en el punto del siniestro la velocidad de 48 km/h.

De los tres requerimientos rechazados por la instructora, la Audiencia considera necesario solicitar a FGV un análisis y valoración de riesgos sobre el lugar de la Línea 1 donde se produjo el descarrilamiento el 3 de julio de 2006, con anterioridad y posterioridad a la fecha del siniestro.

La instructora estimaba innecesaria esta diligencia por resultar "obvio" que FGV en su día no realizó un análisis de riesgos y no resultar exigible dicho análisis en la fecha de los hechos. Sin embargo, estos argumentos no son compartidos por la Audiencia.

La Audiencia ve necesario conocer el análisis y valoración de riesgo de FGV en cuanto a la curva del trazado; evaluación del riesgo de descarrilamiento; riesgos de la infraestructura o del material; e incumplimientos de los límites de velocidad.

Sobre este último aspecto, el tribunal señala que son distintas las causas que pueden provocar un exceso de velocidad en un tramo de vía con riesgo de descarrilamiento, desde un mero fallo humano, un fallo mecánico o un hecho accidental, "riesgos que atendiendo a su probabilidad y gravedad, exigirán distinta respuesta". Esta respuesta, en su caso, debe ir precedida "del correspondiente análisis y valoración de riesgos", estima.

La Audiencia también estima la solicitud de la asociación para que declare en la causa el Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social Juan Martín García.

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