El Gobierno cuestiona la devolución de sanidad a ‘sin papeles’ del Consell

El Gobierno ve inconstitucional la ley valenciana que devuelve la sanidad a los inmigrantes irregulares, la primera norma aprobada por el Parlamento autonómico en la nueva legislatura. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido a la Generalitat una carta informando de los extremos que considera cuestionables y ha solicitado la creación de una comisión bilateral para tratar el asunto como paso previo a recurrir al Tribunal Constitucional.

La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, la socialista Carmen Montón, ha afirmado tras trascender la noticia que la atención integral a los inmigrantes sin papeles es "irrenunciable" y que no contempla "negociar a la baja el derecho fundamental a la sanidad".

Montón anunció en julio la devolución de la cobertura sanitaria completa a los inmigrantes irregulares que fue restringida por el Ejecutivo en 2012. En septiembre el decreto que extendió la atención en centros de salud y hospitales a 30.000 personas fue convertida en ley por las Cortes Valencianas. La norma establece la asignación de un facultativo a los sin papeles y les permite tener acceso a fármacos, material ortoprotésico y demás prestaciones con la única condición de llevar tres meses empadronados en un municipio valenciano.

Los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad y Servicios Sociales consideran que la norma autonómica se extralimita en sus competencias por lo que es inconstitucional. Desde su punto de vista el hecho de permitir a los inmigrantes irregulares acceder al sistema sanitario "en igualdad de condiciones que el resto de la población asegurada" supone una vulneración de la "competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo en materia de salud".

Determinar las condiciones por las que se pueden recibir prestaciones sanitarias, así como su contenido básico es una competencia que corresponde "exclusivamente" al Estado, según el Gobierno. La carta remitida al Consell también cuestiona la regulación del acceso a fármacos, material ortoprotésico, así como el documento de identificación, una tarjeta sanitaria, que el Gobierno valenciano pone a disposición de los sin papeles y que han obtenido ya unas 4.000 personas.

La consejera valenciana de Sanidad ha manifestado su negativa a negociar con el Gobierno la ley valenciana, tal y como plantea la carta. El motivo es que, según Montón, la comisión bilateral "no tiene otro propósito que rebajar el alcance de la medida y recortar derechos a las personas a quienes el decreto valenciano ha devuelto un acceso integral a la sanidad en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía".

La Generalitat apoya su postura en el hecho de que el Tribunal Constitucional "ha respaldado medidas similares de extensión de la cobertura asistencial tomadas en País Vasco y Navarra" que reconocieron "la universalidad de la atención sanitaria".

Montón ha argumentado que el Gobierno valenciano intentó debatir la cuestión de la extensión de las prestaciones sanitarias para los inmigrantes irregulares en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sin que el Ejecutivo lo aceptara. Y ha recordado que la ley fue aprobada en las Cortes valencianas sin que ningún grupo votara en contra de la medida.

La norma fue defendida por el Consell como una decisión ética, y también como una medida de salud pública por los riesgos de tener a una parte de la población fuera del control sanitario. Sanidad también relativizó el coste, afirmando que la atención en urgencias a la que seguían teniendo derecho los inmigrantes irregulares debido al empeoramiento en las enfermedades encarecía la exclusión.