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El Ayuntamiento de Parla arrebata a la Púnica la gestión de sus huertos

El Gobierno municipal del PP alega "incumplimiento general del pliego".

La trama corrupta tenía la concesión del negocio hasta 2044

Fraile (de beige) escucha explicaciones sobre los huertos en 2014.
Fraile (de beige) escucha explicaciones sobre los huertos en 2014.

Luis Martínez Hervás (PP), actual alcalde de Parla, ha arrebatado a la red Púnica la gestión, concedida en 2013 y hasta 2044, de 21.642 metros cuadrados de huertos y barbacoas por “incumplimiento general del pliego”. La organización corrupta, liderada por Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid, supuestamente pagó una mordida a José María Fraile (PSOE), regidor entre finales de 2008 y finales de 2014, por un contrato energético de 54 millones de euros.

El Gobierno del PP en Parla (125.000 habitantes) no descarta pedir a Ocio Sano, una de las muchas empresas de Adela Cubas —mujer del otro cabecilla de la Púnica, David Marjaliza, amigo de Granados— y gestora de los 292 huertos, el pago de 600.000 euros “por haber ejercido actividad sin las licencias pertinentes”. En febrero de 2015 —con la cúpula de Púnica ya entre rejas— un informe municipal constató que “Ocio Sano ha estado realizando actividad en la parcela sin haber obtenido la licencia de primera ocupación, ni de funcionamiento”. Se utilizaban, por ejemplo, las barbacoas.

La garita del guarda es una casa

El Ayuntamiento de Parla arrebata a la Púnica la gestión de sus huertos

Lo más llamativo del informe de los técnicos municipales de mayo de 2015 sobre los huertos es la garita en la que debían de guardarse los aperos: “En la caseta del guarda existe una cocina, un baño y un dormitorio que no aparecen en el proyecto”, señala.

“Esta caseta deberá considerarse vivienda para personal de vigilancia [vivía una pareja]. También se ha cambiado el uso del almacén auxiliar por el de despacho”, continúa el análisis urbanístico. En las fotos que acompañan al informe se ve una habitación con una cama de matrimonio.

La trama Púnica buscaba un negocio mayor al acordado con el Ayuntamiento de Parla y así, aunque en el proyecto original se contabilizaron 11 barbacoas, los inspectores encontraron 14 —que iban a alquilar por días— y sorprendentemente había una pérgola fantasma. También levantaron sin permiso un cenador en la sala multiusos más pequeño de lo diseñado. Y achicaron la tienda-bar y el almacén, con un aseo para minusválidos “sensiblemente inferior al proyectado”.

En las escuchas de la Púnica Ana María Ramírez, una de las imputadas reconoce que se está construyendo “sin licencia de final de obra ni nada”.

Beatriz Arceredillo, al mando de Parla tras la imputación de Fraile por cobrar presuntamente mordidas de Púnica, fue la primera que frenó la apertura del negocio. Un informe de la inspección urbanística del 5 de mayo de 2015, bajo su gobierno, pone de manifiesto hasta qué punto la Púnica actuaba fuera de la ley. Aunque los técnicos llevaban meses reclamando que subsanase requisitos, nada mejoraba y el Ayuntamiento no tomaba medidas en su contra.

La empresa había pedido la licencia de primera ocupación para un terreno con un valor catastral de 612.000 euros sin haber terminado las obras y el periodo para concluirlas —tras lograr varias prórrogas— expiró el pasado abril. La zona de huertos no está acondicionada, ninguna edificación está acabada, los paneles solares no se conectan a ninguna instalación, el vallado no coincide con su perímetro y, sin encomendarse a nadie, cambiaron de sitio una pérgola. Empequeñecieron dependencias y crearon otras no proyectadas, según sus intereses.

La ilegalidad del negocio de la Púnica fue una constante. Ocio Sano, que acababa de ser creada, no debió presentarse al concurso en 2013 porque no podía demostrar, como exigían los pliegos, su solvencia técnica y profesional en los tres años anteriores.

El Gobierno del PP habla de “incumplimiento general del pliego” porque la lista de deficiencias es interminable: faltan un certificado de viabilidad geométrica actualizado, un visado colegial, estudios de gestión —residuos, seguridad y salud—, el certificado de eficiencia energética o el sello de la Confederación Hidrográfica del Tajo. “Nadie les había dado permiso para usar el agua del pozo”, añaden fuentes municipales.

Cada vecino interesado en la horticultura iba a disponer de 40 metros cuadrados de huerto con riego a goteo por 40 euros mensuales. A cambio, Ocio Sano se comprometió a pagar un canon anual de 1.500 euros. El bar-tienda ecológico, los cursillos de cultivo, la zona de juegos infantiles y las barbacoas sustentarían el negocio por 30 años no prorrogables.

En la plantilla no estaban dispuestos a desembolsar dinero y de nuevo la ilegalidad planeaba. En unas escuchas policiales, Ana María Ramírez, mano derecha del cabecilla Marjaliza, intenta “dar una vuelta” a los contratos de las profesoras de los cursillos para no darles de alta con una nómina que “supone un 30% más” de gasto.

Pese a las múltiples deficiencias, el entonces alcalde Fraile visitó en compañía de medios de comunicación los huertos en junio de 2014 y anunció que “en pocas semanas” las parcelas tendrían dueño, tras agradecer a la empresa de la Púnica el supuesto esfuerzo en las inversiones. Pero en otoño Fraile fue apresado y las tornas para los dueños de Ocio Sano cambiaron. Entre rejas, han perdido los huertos tras invertir dinero y se exponen a una multa de 600.000 euros.

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