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Las residencias adjudicadas a los Cotino, a investigación en las Cortes

El Parlamento autonómico constituye la comisión sobre el accidente del metro

Ignacio Zafra
El presidente del Parlamento valenciano, Juan Cotino.
El presidente del Parlamento valenciano, Juan Cotino.CARLES FRANCESC

La adjudicación de residencias a empresas de la familia del exvicepresidente de la Generalitat valenciana y exconsejero de Bienestar Social Juan Cotino serán investigadas por el Parlamento autonómico, según han anunciado este domingo los socialistas, que quieren que una comisión con tal fin empiece a funcionar "a ser posible en el plazo de un mes". Las Cortes Valencianas constituirán este lunes, por otra parte, la comisión que investigará el accidente de metro que en 2006 costó la vida a 43 personas y dejó heridas a otras 46.

Los socialistas creen que la modificación por parte de Cotino cuando era consejero de la materia del régimen de adjudicación de plazas de residencias por parte de la Generalitat benefició a su familia. El exdirigente popular fue también presidente de la Cámara que ahora lo va a investigar y renunció al cargo hace un año, poco antes de ser imputado en el caso Gürtel. Cotino defendió entonces su honradez, y dijo que podía haber "metido la pata en muchas cosas, pero nunca la mano". "Si alguien ha cometido algún delito, pues que lo busquen, que lo condenen y que pague con ello", dijo el que también fue director general de la Policía con José María Aznar como presidente del Gobierno.

La adjudicación de plazas de residencias en la etapa popular está siendo investigada en paralelo por la fiscalía. Y en las grabaciones del caso Brugal, la gran causa de corrupción de Alicante, la policía grabó al sobrino del exvicepresidente Vicente Cotino y al constructor Enrique Ortiz conversar sobre los cambios de cartera del entonces consejero dentro del Gobierno valenciano y los efectos que ello podía tener en sus negocios. Vicente Cotino y Ortiz están también imputados en el caso Gürtel dentro de la pieza sobre financiación ilegal del PP valenciano. El exvicepresidente lo está, por su parte, en la pieza sobre la visita del Papa a Valencia en 2006.

A falta de que se defina, la investigación en las Cortes parece que será más amplia."Esto nace un concurso que se pone en marcha desde la Consejería de Bienestar Social durante la etapa de Rafael Blasco", ahora en prisión, "en el que se barajaba la posibilidad de adjudicar hasta 6.000 plazas de residencias y en el que se adjudicaron en su mayor parte a empresas relacionadas con la construcción, no a empresas que ya estaban años trabajando en el sector de la tercera edad", ha afirmado la diputada socialista Concha Andrés.

"Lo extraño de este asunto", ha añadido Andrés, "es que siendo Cotino consejero se modificaron las condiciones, lo que supuso que la preferencia de cobertura" por parte de la Generalitat de las plazas de residencias relacionadas con empresas de su familia pasó "al 100%" de las mismas frente al 33% previsto anteriormente, "y se incrementó la duración del contrato a 25 años".

El entorno de Cotino defendió en su momento que el cambio en la normativa fue para todo el sector, por lo que no se benefició particularmente a las empresas de la familia del exconsejero. Y que la modificación se aprobó en el marco de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, que obligó a las comunidades autónomas a ampliar sus prestaciones.

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La diputada socialista ha puesto el foco, sin embargo, en la adjudicación de 50 residencias "20 de las cuales estaban relacionadas con la familia Cotino y con el empresario Ortiz". "Ha llegado la hora de que con un Gobierno autonómico progresista y unas Cortes que lo apoyan de forma mayoritaria, de aclarar todas estas dudas y de que se exijan responsabilidades para que los ciudadanos conozcan qué ha estado pasando con el dinero público", ha añadido Andrés.

La propuesta socialista necesitará los votos de Compromís y de Podemos en la Cámara, con los que contará con toda probabilidad. Una vez constituida, sus sesiones coincidirán con la precampaña electoral de las elecciones generales.

La comisión que empezará a funcionar con su constitución a partir de este lunes será la del accidente de metro. Se trata de una de las reivindicaciones que han mantenido desde 2006 los familiares de las víctimas, agrupados en una asociación, que no aceptaron los resultados de la que se realizó en agosto de aquel año, semanas después del siniestro.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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