La ley de transparencia de Mas mantiene opacas las donaciones

La ley catalana de transparencia, en vigor desde el pasado 1 de julio y defendida por la Generalitat como “una de las más completas y exigentes del mundo”, ha quedado en evidencia al poco de nacer. La nueva norma mantiene la opacidad en uno de los puntos más sensibles de la financiación de los partidos y los casos de corrupción al no obligar a hacer públicos los donantes que aportan fondos a las fundaciones de los partidos. Este hecho contrasta con las leyes de países como el Reino Unido, donde cualquier donante de más de 500 libras (750 euros) figura en un registro público consultable en Internet.

Tras publicar las donaciones empresariales a las fundaciones de Unió y Convergència en los últimos días, EL PAÍS completa hoy la investigación con el resto de partidos. El contraste con las cuentas de la antigua federación nacionalista es muy notable. Si UDC y CDC suman —entre los dos partidos y sus fundaciones— casi 15 millones de donaciones de empresas entre 2008 y 2013, las cifras de las demás formaciones —salvo el PP— pueden considerarse casi marginales. Ciudadanos, CUP e ICV-EUiA no tienen ninguna y ERC apenas suma 47.000 euros en la fundación Josep Irla. El PSC solo tiene un donante, aunque destacable (Agbar), mientras la situación del PP es distinta, ya que no cuenta con datos separados para Cataluña. Los de toda España revelan que la formación y la Fundación FAES recibieron 11,2 millones en esos seis años.

Las donaciones de empresas a partidos y sus fundaciones están sometidas a una doble regulación. En un primer nivel, de competencia estatal, la ley de financiación de partidos políticos establece qué donaciones son legales y cuáles están prohibidas. En el segundo, las leyes de transparencia establecen si estas ayudas deben ser hechas públicas o no. Ahora los partidos deben informar al Tribunal de Cuentas de las donaciones recibidas, aunque la lista de donantes nunca se hace pública.

La ley aprobada en el Parlament —con los votos de CiU, ERC, PSC y PP— mantiene la opacidad. Juan Rodríguez Teruel, de la Universidad de Valencia y analista de Agenda Pública, califica el texto como “una oportunidad perdida”. “La ley incluye a los partidos y sus fundaciones de forma indirecta y sin especificar de qué ni cómo deben informar de su actividad interna y financiera. En este sentido, la ley catalana no mejora en nada la ley estatal, que ya es bastante modesta”.

Victor Lapuente, profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), añade que “el problema de fondo es que el acceso a la información sigue sin ser visto en España como un derecho fundamental”. “La diferencia con otras democracias avanzadas”, sigue Lapuente, “es que este derecho está muy tutelado y sometido a restricciones arbitrarias”.

El abogado experto en acceso a la información Josep Matas afirma que la ley “sí ha ampliado lo que los partidos deben hacer público —memorias, líneas estratégicas, código de buen gobierno...—, pero las listas de donantes han quedado fuera”.

El estallido en los últimos años de casos de corrupción vinculados a la financiación ilegal de los partidos demuestra, según los expertos consultados, el fracaso de la legislación aprobada sobre la materia en los últimos años. El pecado original debe buscarse en la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos de 2007, cuando se hablaba menos de transparencia y más de poner coto a las donaciones sin control a los partidos. La ley prohibió las donaciones anónimas y también las de empresas adjudicatarias de contratos públicos, pero permitió las del resto de compañías y, como excepción más importante, dio vía libre a cualquier empresa a donar a las fundaciones.

Fueron los partidos que más se han beneficiado de las donaciones empresariales, como PP y CiU, los que promovieron una excepción que, según Rodríguez Teruel, “que ha sido una puerta para que se hayan mantenido supuestos intercambios de favores entre algunos partidos y empresas contratadas por administraciones gobernadas por estos partidos”. Para Víctor Lapuente, la ley de 2007 “falló y es un ejemplo de lo difícil que lo tienen los instrumentos legales para atajar conductas poco apropiadas”. “La ley puede trazar una línea que parece clara en el momento de redactarla, pero la imaginación de quien puede ganar mucho dinero siempre es mayor que la del legislador”, añade.

Pese a haber sido modificada hasta en tres ocasiones —en la última se prohibió las donaciones de cualquier empresa a los partidos—, la ley de financiación sigue manteniendo la posibilidad de que las empresas hagan donaciones a las fundaciones de los partidos. Las normas de transparencia pueden, en esta línea, ser una herramienta —aunque no la única— para poner coto a las ilegalidades, según los expertos. Lapuente aboga por “una transparencia total como primer paso”. “El debate de la financiación de los partidos y el papel que en ella deben tener las subvenciones públicas y las donaciones privadas es muy complejo, pero ya es el momento de abordarlo en serio. La transparencia total nos daría material empírico para calibrar los flujos económicos que llegan a los partidos y, así, ajustar mejor la financiación pública y los límites a la privada”.

Para Rodríguez Teruel, “aunque la transparencia no acabará con la corrupción, obligar a informar del dinero que reciben los partidos, de forma clara y precisa, reduciría la posibilidad de que fluyera dinero interesado hacia los partidos”. Este investigador destaca que “es inevitable que surjan sospechas sobre el sentido de las donaciones cuando estas son mantenidas en secreto para los ciudadanos hasta que un medio de comunicación, en este caso EL PAÍS, las hace públicas”.