Espadaler pide que “la política no espante el desarrollo económico”
Unió dice que el Gobierno tendrá que multarse a sí mismo tras la reforma del Tribunal Constitucional
Uno de los ritos de las campañas electorales es la obligada visita a una empresa. Esta mañana el candidato democristiano Ramon Espadaler ha cumplido religiosamente en La Vall d’en Bas (Garrotxa), en la que ha recorrido las instalaciones de Tadesan, una industria de plásticos. Espadaler ha hecho un llamamiento para que “la política no espante el desarrollo económico” y ha propuesto bonificaciones fiscales del 100% para las empresas que compren equipos de I+D+i.
El candidato de Unió ha hecho la visita junto con el cabeza de cartel de Unió por Girona, Xavier Dilme. Los democristianos han recordado las necesidad de que se agoten las legislaturas para asegurar la estabilidad que permita aprobar leyes como una reforma energética que, a su parecer, no se ha intentado lo suficiente. Espadaler ha denunciado que el precio de la energía es una de las principales barreras de la industria española para crecer. La composición de un nuevo mix energético, sin embargo, no ha sido detallada por Espadaler si bien ha aclarado que “no podemos renunciar a cualquier tipo de energía”.
La actividad industrial representa el 19,1% del PIB catalán y Unió espera elevar esta cifra al 25% en 2020, como sugiere la Unión Europea. El candidato democristiano ha aprovechado una vez más para explicar los riesgos económicos que implicaría salir del mercado común. “Hace mucho frío fuera de la Unión Europea aunque algunos lo quieran ocultar”, ha asegurado.
Espadaler también se ha referido a los trámites iniciados por el Partido Popular para aprobar una reforma del Tribunal Constitucional que permitirá, entre otras cosas, multar o inhabilitar a los cargos públicos que no cumplan con sus sentencias. “La respuesta tiene que venir desde a política, no desde una legislación amenazante”, ha aclarado el candidato. Desde Unió han recordado que el Gobierno central ha incumplido sentencias como la que reconocía la gestión por parte de las Comunidades Autónomas de la gestión del 0,7% del IRPF y la competencias de la Generalitat sobre las becas universitarias.
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