Un Estatuto “completo” permitiría duplicar el presupuesto de Euskadi

Un informe elaborado por el Gobierno vasco afirma que un Estatuto de Gernika "completo", con todas las transferencias pendientes ejecutadas y "a pleno rendimiento económico-financiero", podría "multiplicar casi por dos el actual presupuesto" de la Comunidad Autónoma Vasca, que es de 10.638 millones.

Esta es una de las conclusiones de uno de los ocho informes encargados al Ejecutivo de Iñigo Urkullu por la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco y que ha dado hoy a conocer el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Entre los informes solicitados figura uno que analiza los efectos "negativos" del incumplimiento del Estatuto de Gernika, así como otros que estudian las relaciones existentes entre la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado, el Concierto Económico y la viabilidad de un sistema propio de Seguridad Social.

El Gobierno Vasco detalla que todavía quedan 24 materias pendientes de transferir, entre ellas la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la política penitenciaria, y 8 están en diferentes grados de ejecución. Añade que la falta de un desarrollo completo del Estatuto impide aplicar el sistema del Concierto Económico al conjunto de competencias asumibles por Euskadi lo que "imposibilita alcanzar el nivel definitivo de financiación" que corresponde.

Ello provoca un "claro perjuicio económico" a la Comunidad Autónoma Vasca y una "merma" presupuestaria. Erkoreka ha explicado que si lo que gasta la Seguridad Social en prestaciones contributivas en Euskadi se incorporase al presupuesto vasco se podrían sumar 7.000 millones de euros aproximadamente a las cuentas del Gobierno vasco, lo que significa "multiplicar casi por dos" el actual.

El Gobierno de Iñigo Urkullu recuerda en sus informes que la competencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social corresponde a Euskadi según el Estatuto y asegura que la crisis económica no puede suponer una "rémora para su inmediata y oportuna transferencia".

Añade que las dificultades de viabilidad económica de un sistema vasco de Seguridad Social "no difieren en absoluto de las que sufriría el sistema estatal en su conjunto" e incluso dice que podrían "resultar minimizadas" respecto a las que padecería el Estado por la estructura del mercado laboral vasco.

El Gobierno Vasco afirma que el autogobierno "está en crisis", con un Estatuto "mutado y sumido en la desprotección", habla de un "auténtico Estado de excepción autonómico" y defiende "reformas estatutarias" que garanticen una "relación preferentemente bilateral y pactada".

En los informes se censura la "recentralización" del Gobierno español, y en concreto cita el "abuso" de políticas centralizadoras de "intensidad desconocida hasta el momento" que con la "excusa" de la crisis económica aplica el Estado. También critica la "homogeneización" que observa de los niveles competenciales de las comunidades autónomas.

El Ejecutivo vasco pone el acento en el hecho de que "todos los abusos del Estado" han sido "refrendados" por el Tribunal Constitucional y recuerda el "efecto devastador" de la sentencia de este tribunal que descartó de "manera terminante y explícita la naturaleza jurídica constitucional" del Estatut de Catalunya.

Además analiza la "fragilidad del sistema del Concierto Económico" y recuerda que la reforma de la Constitución sobre los límites del déficit "constriñe notablemente la autonomía financiera" de las comunidades autónomas, al tiempo que considera un "importante hándicap" las "dificultades" para acordar sobre el Cupo.

Los informes- en los que han participado cuatro departamentos del Gobierno vasco y que hoy han sido aprobados para remitirlos al Parlamento -también avalan la arquitectura vasca y la buena salud de los municipios vascos, el incremento en el conocimiento del euskera, donde el autogobierno ha sido "fundamental" y respalda los marcos de colaboración con Navarra y el País Vasco francés.

Erkoreka ha destacado la "plena disposición" del Gobierno vasco a colaborar con la ponencia de autogobierno, a diferencia del Gobierno central que ha rechazado enviar al Parlamento los informes solicitados por el PP, entre ellos uno sobre el coste económico que tendría una hipotética independencia de Euskadi.

Para el portavoz del Gobierno Vasco supone una falta de "lealtad institucional" por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy y un "dato negativo" por no colaborar en un debate en el que participan todos los partidos políticos con representación parlamentaria.