“Nadie nos contrata por ser refugiados”
La espera para obtener el asilo, que en muchas ocasiones se alarga años, somete a una pareja de ucranios a un limbo social que las entidades intentan mitigar
Silencio a cambio de 30 euros. Ese era el dinero que un policía de una ciudad de Crimea le pedían a la madre de Vladimir para no revelar a sus vecinos y compañeros de trabajo la orientación sexual de su hijo. Y lo que es peor, su convivencia con otro hombre. Del chantaje se pasó a las llamadas amenazantes: esa información terminaría en manos de grupos homófobos organizados. La escalada del enfrentamiento entre los nacionalistas rusos y ucranios aumentó la presión. Fueron a hablar con un abogado y la policía: “Ser gays es problema vuestro”. Había que escapar.
Vladimir, de 31 años, y Kirill, de 27, recuerdan su huida sentados en sala de la sede la Asociación catalana para la integración de homosexuales, bisexuales y transexuales inmigrantes (ACATHI), una entidad única en el territorio español. Piden que ni sus nombres reales ni sus caras aparezcan publicados, pues están pendientes de que el Gobierno central determine si les concede el asilo. Una espera que dura ya más de un año y cuyo fin no se ve aún en el horizonte.
“Los trabajadores sociales son amables, pero no tienen los recursos”
“Nos dicen que hay que esperar. Todo es un círculo vicioso. Queremos trabajar, no queremos ayudas, pero nadie nos contrata por ser refugiados”, explica Vladimir, ingeniero naval de formación. Kirill, ingeniero de alimentos, asiente: “En Ucrania la vida era dura, pero nunca tuvimos que pedirle a nadie nada”.
La pareja pasa por los problemas a los que se enfrentan casi todos los refugiados a la espera de la carta de asilo, explica Rodrigo Araneda, presidente de ACATHI. Las entidades cuentan con pocos medios para poder atender todas las demandas de ayuda. “Están en el limbo”, se lamenta Araneda.
Vladimir y Kirill terminaron en España porque era el país al que dos jóvenes sin sellos en el pasaporte podían llegar más fácilmente, según les recomendaron en una agencia de viajes. “Como buscan turistas, todo es más sencillo”, explican. Los ucranios llegaron a Lloret de Mar como un par de turistas rusos más. De ahí pasaron a Barcelona donde después de muchas preguntas descubrieron el Servicio de Atención a los Inmigrantes, Extranjeros y Refugiados del Ayuntamiento. Tuvieron mucha suerte y en un mes les dieron la cita para comenzar todo el proceso de solicitud el asilo en la Subdelegación del Gobierno. Una espera que ahora, según Araneda, tarda más de tres meses. Los solicitantes tienen que aportar pruebas que muestren el acoso que los ha llevado a abandonar sus países y, en este caso, entrevistas por separado que revelen la veracidad de su relato.
Los voluntarios ofrecen desde pisos vacíos hasta clases de español
El Ayuntamiento de Barcelona ya ha empezado a gestionar las peticiones de voluntarios dispuestos a colaborar con los refugiados. Desde que la alcaldesa Ada Colau compartiera el pasado viernes a través de las redes sociales su voluntad de convertir Barcelona en ciudad refugio, las solicitudes de familias dispuestas a ofrecer vivienda para acoger a los refugiados ha ido en aumento.
Fuentes municipales avanzaron ayer que todavía no disponen de cifras exactas ni de un canal oficial para ordenar todas las peticiones. Las solicitudes se están llevando a cabo a través de las redes sociales y de llamadas y cartas dirigidas al Ayuntamiento. Gabriela Rodríguez, una joven activista, ya se ha adelantado al Consistorio y ha diseñado una página web para registrar el conjunto de ayudas ofertadas. "La mayoría escribe para preguntar en qué puede ayudar y aporta un resumen de su perfil", asegura Rodríguez. Las ayudas, ofrecidas desde distintas ciudades del país, oscilan desde facilitar pisos vacíos para acoger a los refugiados, hasta familias que se prestan a donar alimentos, cocinar para ellos o impartir clases de español.
Los ahorros se acababan y el Consistorio les dio una plaza para dormir en un albergue para sin techo. No tardaron en descubrir la palabra maricón, recuerda Kirill. De allí pasaron a la tutela de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CAER), que les ofrecía alojamiento en Madrid, donde también recibieron las primeras clases de castellano. Una habitación para ambos pero solo por seis meses. Tras ese tiempo, el Gobierno les entregó un permiso provisional para trabajar. “La tarjeta, roja, no se ve auténtica. Ni en los bancos saben que es válida. Tiene una duración de seis meses, ¿quién te va a contratar así?”, se queja Vladimir. La pareja ya ha trabajado en limpieza y en algunas ocasiones han acudido a entrevistas de trabajo donde se pide hablar ruso. “Ven que tu documento es temporal y te descartan. No quieren problemas”, asegura.
El Gobierno les dio una ayuda de 350 euros a cada uno al mes por medio año más. “Todo funciona de forma muy extraña. Te dan la ayuda cuando demuestras que ya tienes un alquiler. Si no tengo dinero para la fianza, ¿cómo lo hago?” critica Kirill. “Los trabajadores sociales son muy amables, te escuchan, pero no tienen los recursos suficientes para ayudarte”, agrega. Algo en lo que Araneda también insiste y pide al Estado también destinar más dinero para la atención de los inmigrantes. “Ser jóvenes y estar en contacto con sus familias los penaliza a la hora de poder recibir ayudas”, agrega Araneda.
ACATHI tiene un piso donde hay varios inmigrantes y allí están ahora los dos ucranianos. La pareja decidió volver a Barcelona “porque hay más oportunidades y empresas rusas”, aunque tendrán que volver a Madrid cuando se reúna la Comisión que otorga los asilos, donde está ACNUR como observadora. “Nos dicen que los casos de Ucrania están en stand by, a la espera de ver qué pasa con el conflicto”, aseguran los tres.
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