Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La fiscal arrincona a Pablo Crespo por el uso de información privilegiada

El cabecilla de Gürtel no explica por qué tenía un concurso antes de ser convocado

El considerado como "número dos" de la trama Gürtel, Pablo Crespo, durante su declaración como acusado en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Ampliar foto
El considerado como "número dos" de la trama Gürtel, Pablo Crespo, durante su declaración como acusado en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El cabecilla de Gürtel Pablo Crespo no ha podido explicar este martes en su primer juicio por qué tenía un concurso público convocado por el Gobierno del expresidente valenciano Francisco Camps antes de que se convocase. "No lo sé, no recuerdo cómo me llegó esta documentación ni por mano de quién", ha respondido Crespo a la fiscal. La representante de Anticorrupción ha arrinconado a Crespo tras cuatro horas de interrogatorio en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, donde se sigue el primer juicio contra la trama de Francisco Correa por el presunto amaño de contratos.

La fiscal también ha preguntado a Crespo por el hecho de que unos apuntes escritos por Crespo sobre "las condiciones ideales" que debía reunir un concurso para que valiera la pena presentarse acabaron trasladados a la convocatoria realizada por la Agencia Valenciana de Turismo. "¿Fue una casualidad?", ha inquirido la representante del ministerio público sin que Crespo respondiera.

La batería de preguntas sobre el presunto uso de información privilegiada por parte de la red Gürtel en los cinco concursos públicos que ganó, por importe de cinco millones de euros, para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Generalitat valenciana en Fitur, se ha completado con otro elemento difícil de explicar. ¿Por qué empezaron a hablar el diseñador contratado por Gürtel y el jefe de protocolo de la Consejería de Turismo y también acusado en el juicio, Rafael Betoret, sobre la distribución del pabellón valenciano en Fitur antes de que el concurso se hubiera adjudicado? Crespo ha afirmado que la empresa de Correa, Orange Market, quiso hacer "un favor a Betoret" dándole información sobre la distribución del espacio en Ifema (Institución Ferial de Madrid).

Crespo se enfrenta a 10 años de cárcel en un juicio en el que hay otros 12 acusados, entre ellos dos exconsejeras de Camps. El considerado número dos de la trama ha negado haberse valido de contactos con políticos para lograr adjudicaciones. “Para nada. Jamás. Este servidor ha sido siempre muy escrupuloso", ha declarado.

La causa cuenta con un gran número de grabaciones en las que miembros de la trama Gürtel hablan con cargos públicos valencianos. Crespo lo ha justificado afirmando que el PP de la Comunidad Valenciana, que entonces gobernaba la Generalitat, "era el primer cliente" de Orange Market, la empresa en Valencia de Francisco Correa, presunto cabecilla de la red. Y que era natural que con los dirigentes de esta formación se mantuvieran "90 o 100 reuniones". En ese marco ha reconocido "tres o cuatro cenas" con Ricardo Costa, ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana procesado en la pieza de Gürtel sobre presunta financiación ilegal de la formación.

Crespo ha negado, en cambio, haber mantenido relaciones con cargos del Gobierno autónomo. Preguntado por las dos exconsejeras que se sientan con él en el banquillo de los acusados, ha respondido: "A Milagrosa Martínez y a Angélica Such las he conocido aquí, en el juicio. Son dos auténticas damas".

La trayectoria profesional de Crespo y Correa estuvo unida durante siete años. “Desde octubre del año 2002 hasta febrero de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón cerró las empresas”. En ese periodo Crespo se encargó en distintas mercantiles del “control de costes, la tesorería y facturación”. Ha afirmado que Correa estaba al corriente de lo que ocurría en las empresas y que tenía plena “autoridad moral” sobre él, pero ha negado que las sociedades tuvieran “una dirección común”.

También ha rechazado pronunciarse sobre si las sociedades de Correa funcionaban como un grupo empresarial, como mantiene la fiscalía, con el argumento de que en otro procedimiento de Gürtel se le acusa de “pertenencia a banda criminal” por lo que responder podría perjudicarle.

La fiscal le ha recordado que ya admitió la existencia de tal grupo empresarial. Crespo ha replicado que no ratifica sus declaraciones anteriores por haberlas realizado, ha dicho, “bajo condiciones deplorables”. En otro momento ha dicho que sufrió “tortura por parte de Garzón” sin dar más explicaciones.

Hacia el final del interrogatorio, que ha continuado por la tarde, el acusado ha mantenido que en noviembre de 2006, tres meses antes de que la presunta red corrupta fuera desmantelada, él ya sabía que el entonces juez, "la Fiscalía Anticorrupción y miembros de la policía judicial" preparaban "una maniobra". Por ello, ha sostenido, advirtió a un empleado de Orange Market, Cándido Herrero, que pusiera a salvo documentación "sensible". Se refería así a material sobre las campañas electorales del PP valenciano, de las que la sociedad de Correa se encargaba en exclusiva en la etapa de Camps, según su versión.

La contratación de los pabellos de las consejerías de Territorio y de Infraestructuras fueron troceadas en cinco contratos distintos con otras tantas empresas de Correa. Crespo ha admitido que se utilizó esa fórmula para evitar tener que convocar un concurso público. Pero ha afirmado que la idea partió de las consejerías. La de Territorio estaba dirigida por entonces por Rafael Blasco. Según Crespo, fue su jefe de gabinete el que les dio estas instrucciones.

El considerado por los investigadores lugarteniente de la red ha dicho que guardaba documentos en una caja de seguridad, entre las que había tarjetas de visita en las que figuraban sus distintos empleos, por “razones sentimentales”.

Como ya mantuvo Álvaro Pérez, El Bigotes, presunto cabecilla en Valencia de la trama, Crespo ha atribuido la decisión de abrir Orange Market en esta ciudad a la mala relación con la dirección nacional del PP. El Bigotes tuvo problemas con la sede general del partido, en la calle Génova de Madrid, porque los políticos opinaban "de lo que no sabían, de eventos", ha dicho Crespo. "Volvían loco" a Pérez, ha sostenido, mientras en el resto de España "se lo rifaban".

Crespo ha defendido los sobrecostes que según se desprende de las hojas de coste intervenidas a la red las empresas de Correa cobraban a la Generalitat, que en ocasiones alcanzaban el 150%. El cabecilla de Gürtel ha dicho que cualquier bar gana un margen mayor al vender una Coca Cola.