El Ayuntamiento gana 600.000 euros al año con la ropa donada a pobres

Seis días antes de las elecciones municipales, Ana Botella otorgó a Ecotextile Solidarity el contrato de contenedores de ropa donada por los vecinos para pobres. La compañía había ofrecido al Ayuntamiento 3.200 euros por cada uno de los 170 contenedores instalados, 612.000 euros anuales. Lo que los ciudadanos desconocen es que sus prendas son vendidas en mercadillos de dentro y fuera de España. El Consistorio ha ganado casi seis veces más de lo esperado, pero el verdadero negocio es para las empresas, cada vez más agresivas en sus ofertas.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, del PP, cerró el 18 de mayo un acuerdo con la empresa Ecotextil Solidarity para que gestionara 170 contenedores en la capital por 3.200 euros por unidad y año, y la implantación de la recogida a domicilio de ropa usada, un servicio que ya está funcionando. Fuentes del Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) no entran a valorar el contrato de última hora, pero dejan entrever que en su etapa uno de los puntos del pliego de condiciones hubiese sido que el contratista fuese una entidad sin ánimo de lucro.

“La oferta económica pesaba un 75% de la puntuación final en el contrato de Botella. Nosotros somos un gobierno social”, sostienen estas fuentes. Presumiblemente el Ayuntamiento, que ha puesto en marcha un plan de emergencia social, destinará el dinero a los necesitados.

Al concurso se presentaron siete empresas. El mínimo que Botella estaba dispuesta a obtener por contenedor eran 516 euros. Es decir, Ecotextile, una empresa de poco calado nacida en 2011, multiplicó casi por seis la cantidad. La empresa puede instalar, previo pago, más contenedores en estos dos años, pero no está obligada —como en otros municipios— a realizar labores solidarias.

Humana gestionaba el negocio desde 2011 con monopolio. Para Rafael Mas, portavoz de esta ONG internacional —puesta en duda por sus ganancias—, esa cifra es “un disparate fuera del mercado”. Una trabajadora de Ecotextil explica que el propietario —magrebí, como los dueños de otras firmas— está en Alemania por negocios y que están pendientes de un concurso en Móstoles.

¿Hasta qué punto los contenedores son un gran negocio? Aunque Humana tilda de “disparate” el alza de precios, estos no subirían tanto en los concursos si no fuese un negocio de grandes beneficios con su venta en mercadillos o para uso industrial. De hecho, el número de compañías interesadas en instalar contenedores no ha dejado de crecer, pese a que muchos Ayuntamientos —desde que arrancó la crisis económica— sacan tajada con la convocatoria de concursos.

Si no fuese buen negocio, los jefes de la trama Púnica no hubiesen mediado con los alcaldes del suroeste de la región —como contó EL PAÍS— para que la empresa Oasis, apadrinada por ellos, se quedase con los contratos y por un precio a veces irrisorio.

Cáritas no puja en los contratos municipales porque se basta con lo donado

Humana, con casi 800.000 clientes en España y dos millones de donantes, por ejemplo, reconoce que ingresó en 2014 en toda España 20 millones anuales brutos. De ellos dedicaron 2,5 millones a proyectos humanitarios. Asegura Mas que gastaron nueve millones en clasificar e higienizar las prendas y otros seis en la venta en sus tiendas (18 en Madrid). Cuentan con 450 trabajadores.

Humana no pagaba un precio fijo por contenedor, sino 52,05 euros por cada tonelada de ropa. El uso de la báscula llegó hasta el pleno por denuncias de irregularidades. “Hubo un incendio en nuestra planta de Leganés y tuvimos que cambiar a otra báscula homologada”, justifica Mas.

Botella hizo oídos sordos a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que en 2013 le pidió por carta que el siguiente convenio fuese a manos de una entidad sin ánimo de lucro.

La Asociación Española de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria (Aeress) —una entidad que agrupa a 53 entidades sin ánimo de lucro— recomienda donar a Recumadrid. Esta ONG, que trabaja en el barrio de Tetuán con personas en riesgo de exclusión, recoge en las casas muebles, ropa o enseres. La OCU, por su parte, pone como ejemplo a En la Brecha, que contrata a personas desfavorecidas y vende en su tienda de Vallecas lo donado a sus contenedores.

Pilar Algarate, de Cáritas Madrid, argumenta que su organización no puja en los contratos municipales porque se basta con lo donado a sus 400 parroquias. “Si, por ejemplo, hay falta de ropa de bebé, se recuerda en misa o se anuncia en el tablón de la parroquia”. Las iglesias con demasiado depósito hacen llegar su excedente a las más necesitadas.

Muchas empresas con ánimo de lucro se disfrazan con nombres solidarios (Ayúdanos a ayudar. Por un mundo mejor. Un poco tuyo hace mucho), pero East West Productos Textiles, otra de las compañías grandes, no tiene trampa ni cartón. Explica en su web que es filial de una empresa alemana que opera en España desde 1997 y que en sus acuerdos incluye actividades medioambientales. En Coslada, por ejemplo, organiza talleres de reciclaje y en Arganda del Rey una excursión para familias al Parque Regional del Sureste.

Una empresa se tapa tras la Asociación Contra la Violencia de Género

A Humana le quedan contenedores en suelo privado —organizaciones o centros comerciales que le prestan espacio— de la capital y en otros municipios. Alcobendas, con 113 contenedores, se ha convertido ahora en su mayor fortín madrileño. Mas asegura que Humana “no tiene músculo económico” para competir en esas pugnas de miles de euros.

Recuperalia y Jóvenes Unidos por el Desarrollo Ambiental, de Toledo, se valen de una ONG suya, Asociación Contra la Violencia de Género (Acvig), para remover conciencias y ganar contratos. En Villanueva del Pardillo se vivió el pasado invierno una escena absurda. Los socialistas —después de que un vecino encontrase una prenda que había donado en un mercadillo— pidieron explicaciones al Ayuntamiento del PP sobre los 10 contenedores que Jóvenes Unidos instaló por 6.000 euros. La hoy jefa de la oposición del PP, María Ángeles Soto, supuso que sería Humana, y disertó sobre su forma de reciclar. Con la llegada de Ciudadanos al Ayuntamiento, la misma compañía —ahora bajo el nombre de Recuperalia— ha ganado el concurso, pero ha tenido que pagar 18.000 euros: el triple que antes.