La red del PP pagó solo 76 euros por 11 contenedores de ropa para pobres

En 2012 la empresa Oasis, de venta de ropa usada destinada a los más necesitados, en la que se involucraron dos alcaldes del PP (Carlos Alberto Estrada y Olga Fernández) pagó un canon anual de 76,34 euros por instalar 11 contenedores en Moraleja de Enmedio. El municipio estaba gobernado por Estrada, que es amigo de uno de los dueños de la firma. En otros lugares, las tarifas por instalar un solo contenedor oscilan entre 400 y 3.000 euros.

En Moraleja de Enmedio (5.000 habitantes) está la sede de Oasis Recuperaciones, la empresa que instaló contenedores de ropa usada que los vecinos creían estar donando a familias sin recursos. En realidad, casi toda es vendida a tiendas de segunda mano; el 10% se dedica a uso industrial.

La empresa tenía que celebrar dos jornadas de concienciación medioambiental

El 14 de diciembre de 2011 Estrada, como presidente de la Mancomunidad de Municipios del Suroeste, suscribió un convenio marco con Oasis —empresa creada ese día— para instalar contenedores en las 10 localidades que pertenecen al organismo. Ante el juez Eloy Velasco, que le interrogaba por su participación en la trama Púnica, argumentó que hasta entonces campaban por los pueblos “empresas furtivas que no pagaban al Ayuntamiento”. Desde junio de 2012 Moraleja empezó a ingresar siete euros anuales por cada uno de los 11 contenedores. En total, 76,34 euros.

El acuerdo municipal afirmaba que Oasis tenía que celebrar dos jornadas de concienciación medioambiental para que los vecinos aprendiesen a reciclar la ropa.

No demostraba su solvencia técnica y profesional

La cifra es irrisoria en comparación con lo que pagan otras entidades por instalar sus contenedores. Por ejemplo, la propia Oasis cerró un negocio con el Ayuntamiento de Algete en 2013 de 900 euros por contenedor, según consta en el contrato. Y las otras cinco empresas que se presentaron al concurso ofertaron entre 585 euros (East West Productos Textiles) y 857 (Ecotextile Solidarity) por contenedor.

El pasado año Estrada revisó el convenio con Oasis y los siete euros por contenedor pasaron a ser 300. El precio todavía era muy inferior a lo que la empresa abonaba en Algete.

En Valdemoro, cuna de la Púnica, el convenio de Oasis presuntamente no solo se amañó —el arquitecto técnico municipal reconoció ante el juez Velasco que hinchaban la valoración de esta empresa— sino que la compañía pagó 6.000 euros por 25 contenedores cuando otra firma había ofertado 45.000.

Es decir, los municipios bajo la órbita de Púnica —el entonces alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, también está imputado— rebajaban los precios a Oasis, pero no tanto como Moraleja de Enmedio.

El juez Velasco preguntó a Estrada si sabía que Oasis no contaba con el permiso de gestor de residuos no peligrosos o que contrató a su plantilla dos meses después de estar en marcha. Dijo que no. La nueva alcaldesa socialista de Moraleja de Enmedio, Valle Luna, declara: “Los 76,34 euros eran una cantidad simbólica, con eso no se cubren los gastos. El nuevo convenio, de 300 euros por contenedor, es hasta 2016, pero hablaremos con Oasis porque queremos romperlo. Yo, como cualquier vecino, no quiero que la ropa que dono termine en un mercadillo de Gandía”.

La exalcaldesa de Serranillos del Valle, Olga Fernández, también implicada en la trama, aún no trabajaba para Oasis cuando se firmó el convenio por 76,34 euros. Al entrar en la empresa comenzó a presionar a alcaldes con la complicidad de los cabecillas de la Púnica (Francisco Granados y David Marjaliza). “Si me quedo sin Valdemoro me caigo con todo el equipo”, le imploró a Granados días antes de la detención de este.

El acta de Gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde Oasis también se presentó a un concurso en 2014, pone de manifiesto que la empresa “no subsana [sic] debidamente la documentación: acreditación de solvencia técnica y profesional, certificado CE del fabricante de los contenedores y autorización como gestor de residuos no peligrosos”. El concurso quedó desierto porque las otras dos ofertas admitía no tener un fin solidario.

Diez días antes de las elecciones del pasado mayo —que Luna ganó por mayoría absoluta— Estrada fue imputado tras una denuncia del PSOE por delitos de prevaricación y contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, apropiación indebida, falsedad en documento público y fraude de subvenciones. El PP, pese a la imputación, no puso reparos a que fuese cabeza de lista. Perdió y luego le llegó la imputación por Púnica.