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PAGOS INDEBIDOS A LOS PERCEPTORES DE LA RGI

El Gobierno escucha a los afectados por Lanbide y regula cuotas sociales

Cambia de criterio y aprobará una orden en octubre para devolver la deuda desde 30 euros al mes

Ángel Toña y el lehendakari hablan en el Parlamento vasco
Ángel Toña y el lehendakari hablan en el Parlamento vasco

Cuando es uno mismo quien comete el error ha de estar dispuesto a asumir una parte de la responsabilidad. Hasta ahora Lanbide, que ingresó cantidades superiores a las que les correspondían a más de 80.000 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, se había limitado a cobrar su propio error a los deudores a razón del 30% mensual de la renta que les entregaba, —en muchos casos más de 200 euros de los entorno a 700 de media que perciben—. “Es una incongruencia porque sitúan en la exclusión a quienes quieren sacar de la pobreza” critica la presidenta de la Asociación de Afectados por Lanbide, Vicky Molina.

Después de varios meses, el Gobierno vasco se ha decidido a mirar de frente el problema, escuchar a los afectados, a los partidos EH Bildu y PSE que se lo pidieron, y al Ararteko, y el próximo mes de octubre publicará una orden que flexibiliza las devoluciones con cuotas de hasta 30 euros, para paliar la situaciones más extremas. Según ha confirmado EL PAÍS, el consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Ángel Toña, se comprometió hace quince días con los afectados a poner en marcha una regulación en octubre que flexibilice la postura oficial. No va a haber quitas de la deuda, ni aplazamientos de pago —inicialmente— como en ocasiones ha aplicado la administración con otros contribuyentes físicos y jurídicos, —sobre todo estos últimos— o incluso a clubes deportivos, pero va a rebajar las cuotas, adoptando una flexibilización que los servicios jurídicos han ratificado como ajustada a la ley.

Un criterio que por cierto les propuso la Asociación de Afectados por Lanbide el pasado marzo, cuando explicaron su problemática en la Cámara vasca. Los afectados por los pagos indebidos que solicitaban por escrito a Lanbide una reducción de la cuota mensual con la que devuelven la deuda contraída, recibían sistemáticamente la misma respuesta: “En relación a la solicitud de abonar una cantidad no superior a 50 euros mensuales, indicar que conforme a lo establecido en el artículo 57.4 del citado decreto, es criterio de Lanbide aplicar la compensación al 30%”. Ha habido afectados que han tenido que volver a vivir con sus padres, dejar a sus hijos a cargo de su pareja, incluso estando separados, y otros han comenzado a pasar hambre al no llegar a final de mes debido a las elevadas cantidades que se les descontaba de sus rentas públicas.

Toña rechaza la ILP

El consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Angel Toña, ha reiterado que el Gobierno vasco no comparte las propuestas y criterios de la Iniciativa Legislativa Parlamentaria (ILP) de modificación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que defiende el PP, aunque ha abogado por llevar a cabo una "reflexión conjunta en sede parlamentaria" sobre la actualización del sistema en la que también participe la formación popular. Toña ha respaldado wen el marco de los cursos de verano d el UPV, la decisión del Ejecutivo vasco de emitir un criterio desfavorable a la ILP de modificación de la RGI y ha destacado que el articulado que proponía la misma "tenía medidas restrictivas que iban en la línea de endurecer el acceso al sistema".

A su juicio, "no se trata de negar el derecho y la buena obligación ciudadana de presentar iniciativas legislativas populares, ni siquiera de negar tampoco la reflexión sobre la RGI". Sin embargo, el consejero considera que "no es el modo ni la manera mas adecuada en este momento de iniciar esa reflexión". En ese sentido, ha recordado que las ayudas que se contemplan en este sistema "se han ido consolidando desde hace mas de 25 años" y ha admitido que es necesario "hacer una reflexión serena y en profundidad de esta Ley" porque, "además, está afectada, a su vez, por la aprobación de la Ley de Vivienda que contempla una prestación de vivienda que también está contemplada en la RGI". 

Toña ha explicado que desde el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ya se había conformado una comisión técnica interna, "pero también con expertos de fuera, incluso con personas que en su día trabajaron en las diputaciones con las RGIs que se manejaban desde allí" y se ha realizado "un borrador de un análisis que queremos profundizar".  "Cuando tengamos un documento más elaborado querremos realizar ajustes que afectarán a aspectos de desarrollo reglamentario, incluso de aspectos normativos de la ley", ha precisado el consejero, quien ha manifestado la necesidad de que esta cuestión se aborde en sede parlamentaria para "hacer las adaptaciones que la RGI y, en su caso, la prestación complementaria de vivienda  necesitan".

En total fueron 86.000 familias las que recibieron ingresos de más, de entre 500 euros, y casos extremos de varios miles de euros. En algunos casos la deuda supera los 16.000 y los 18.000 euros. En total los perceptores de ayudas sociales adeudan a Lanbide 86,3 millones en concepto de pagos indebidos tanto de la RGI como de los complementos de vivienda, hasta 2012, y sigue creciendo. El Gobierno, que ha dado un giro a sus postulados en este asunto, comparte la tesis de que las deudas no son un fraude, sino que es el resultado indeseado de una mala gestión suya y del anterior Ejecutivo del PSE que puso en marcha el sistema.

El Ararteko, los socialistas y EH Bildu coinciden en que un sencillo cambio legislativo permitiría introducir una cuota social en las devoluciones, siempre con un informe previo de los servicios de base en el que se recomendara la cuota social. Todos ellos lo aseguran con el artículo 57 del decreto 147/2010 de 25 de mayo de la Renta de Garantía de Ingreso en la que se regulan cuotas atenuadas, pero que en vez de ser fijas serían variables, en función de los casos individuales, y se podrían desde suspender hasta aplazar o incluso bajar de los 30 euros, sin modificaciones legislativas. El departamento de Empleo y Asuntos Sociales estudia la fórmula pero se ha marcado octubre como el mes para publicar la orden que oficialice el giro de 180 grados.

Sigue en la agenda entre los afectados de Lanbide y el departamento de Empleo y Asuntos Sociales para sucesivas reuniones, los casos de mujeres maltratadas, y el elevado precio de los documentos que exige la administración a los inmigrantes. Además está pendiente agilizar el sistema de citas con la administración de Lanbide para evitar demoras que acaban penalizando al perceptor.

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