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La privatización de ATLL, paso a paso

La operación ha sido uno de los asuntos más problemáticos para el Gobierno catalán

Octubre de 2012. La Generalitat convoca un concurso para privatizar la gestión de la empresa pública de aguas del área de Barcelona. Con esta operación pretende reducir unos 1.000 millones de euros de su déficit. Se presentan dos consorcios: uno liderado por Acciona y otro por Agbar.

Noviembre de 2012. Acciona gana la gestión de ATLL. El consorcio liderado por la empresa de la familia Entrecanales pagará 1.000 millones por la concesión durante 50 años. Agbar anuncia el mismo día que no descarta impugnar el concurso.

Diciembre de 2012. El Gobierno catalán firma el contrato para que ATLL sea gestionada por el consorcio integrado por Acciona y el banco brasileño BTG Pactual. El documento se selló mientras los consejeros del Ejecutivo surgido del 25-N tomaban posesión de sus cargos.

Enero de 2013. El Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) falla a favor de Agbar y dice que Acciona debería haber quedado excluida del procedimiento por incumplir una de sus bases, lo que le daba una ventaja competitiva.

Marzo de 2013. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya da la razón a Agbar y confirma la obligación invalidar la adjudicación de ATLL a Acciona. En julio lo ratifica y el Gobierno catalán anuncia que irá al Tribunal Supremo.

Octubre de 2014. El Supremo mantiene la anulación del concurso, confirmada dos veces por el TSJC. Desestima el recurso de casación que volvía a pedir la suspensión cautelar de la anulación de la adjudicación a Acciona.

Diciembre de 2014. Santi Vila, consejero de Territorio y Sostenibilidad, crea la mesa de contratación que debe determinar si se anula el concurso para la gestión de ATLL. El Gobierno catalán plantea dos opciones: volver a convocar la licitación o ceder la gestión al perdedor del concurso, Agbar.

Marzo de 2015. Agbar denuncia a la Generalitat ante la Comisión Europea por "vulneración del derecho comunitario en materia de contratos públicos". La empresa dice que el Gobierno catalán ha incumplido resoluciones judiciales que le obligan a excluir a la ganadora de la licitación de la gestión de ATLL.

Junio de 2015. El TSJC anula la adjudicación del contrato de ATLL. Es la primera sentencia sobre el fondo del asunto. El tribunal considera que se produjo una "infracción de los principios de publicidad y concurrencia".

Julio de 2015. La Generalitat recurre la sentencia y achaca al Gobierno del tripartito la "situación crítica" de la agencia Catalana de Agua (ACA) tras una "gestión pésima" y defiende que la operación se llevó a cabo para poder mantener el servicio.