El juez impone una fianza de 1,5 millones al exalcalde socialista de Reus

Lluís Miquel Pérez propició el pago de facturas falsas a un ex alto cargo del CatSalut

Lluís Miquel Pérez atiende a los medios tras declarar como imputado.
Lluís Miquel Pérez atiende a los medios tras declarar como imputado.Josep lluís sellart

El juez del caso Innova ha impuesto una fianza civil de 1,54 millones de euros al exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), por el pago de facturas falsas a un alto cargo del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), el arquitecto Jorge Batesteza, en el proyecto de construcción del hospital Sant Joan de Reus.

En un auto hecho público esta tarde, el juez da por concluida la instrucción de la pieza separada número 2 del caso y atribuye a ocho imputados los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude a la administración, blanqueo y falsedad documental. Entre ellos, además de Pérez, están el propio Batesteza; su esposa, Silvia Barberá; el exdirector de Innova, Josep Prat; la exdirectora financiera de la empresa municipal de Reus, Ester Ventura; y otros tres funcionarios y empresarios. El juez da hasta el próximo 10 de septiembre a las acusaciones para que pidan las penas para los acusados y soliciten la apertura de juicio oral. Prat y Batesteza fueron detenidos por la Guardia Civil, que actúa de policía judicial, durante las investigaciones del caso.

En el centro de las investigaciones está la supervisión del nuevo hospital de Reus, una obra financiada por el CatSalut que costó más de 100 millones de euros. Batesteza, que fue alto cargo del CatSalut hasta el 31 de mayo de 2007, firmó solo cuatro días después un contrato con Innova para “realizar funciones de asesoramiento” durante las obras, a razón de 9.000 euros mensuales.

Batesteza solo realizó cuatro de los 43 informes mensuales que cobró a Innova

El juez considera que Pérez, Prat y Ventura –a los que denomina el “núcleo duro de Innova— contrataron al arquitecto por sus contactos privilegiados en el CatSalut. El auto constata que esta contratación estuvo plagada de irregularidades. En primer lugar porque se hizo a dedo cuando debería haber sido sacada a concurso público. El juez también considera que Batesteza no llegó a realizar nunca los trabajos y pone como ejemplo que solo entregó cuatro informes mensuales mientras cobró 43 facturas por este concepto. Además, el arquitecto cargó más de 30 facturas por casi 9.000 euros más por gastos de desplazamiento que los investigadores ponen en duda.

La instrucción, sin embargo, ha encontrado más irregularidades en las labores de Batesteza en Reus. En 2009, dos años después de ser contratado por Innova, el arquitecto también lo fue por una UTE a la que el Ayuntamiento de Reus pagó para supervisar las obras del hospital. Esto hizo, según el auto, que Batesteza acabara cobrando otros 186.000 euros “por supervisarse a sí mismo” en un caso de “colosal esquizofrenia contractual”, según suscribe el juez Diego Álvarez de Juan.

El auto que Pérez, Prat, Ventura y la también directiva de Innova Natalia Torrell incurrieron “en una falta de control grosera del dinero público” y “colaboraron con Batesteza para que pudiera emitir [y cobrar] facturas falsas y contratos con contenido simulado para ocultar el origen delictivo de los trabajos cobrados”. El juez es especialmente duro con el exalcalde socialista de Reus, cuya participación en los hechos “es más que esencial, decisiva y determinante para la producción del ilícito penal”. El papel de Batesteza también merece el reproche del instructor, que considera que “en el momento de los hechos tenía un conocimiento privilegiado de los procedimientos de contratación pública” tras su paso por el CatSalut.

Josep Prat aseguró al juez que Marina Geli le instó a contratar al arquitecto 

El auto también recoge las palabras que, en su defensa, dijo Josep Prat, uno de los principales acusados en todo el caso Innova. Prat aseguró ante el juez que “la consejera de Salud”, en referencia a Marina Geli, “le dio órdenes concretas para contratar” a Batesteza.

Por todos estos hechos, el juez impone fianzas millonarias a los acusados. Natalia Torrent y el empresario José Vicente Rebollo deberán, al igual que Pérez, depositar 1,54 de fianza para hacer frente a las posibles responsabilidades. Silvia Barberá, esposa de Batesteza, 870.00 euros y el resto de acusados, 560.000 euros. A Prat, Ventura y Batesteza el juez ya les había impuesto 1,5 millones de fianza en fases previas de la instrucción.

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