La Fiscalía investiga la destrucción de bienes históricos en Canalejas

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo investiga la destrucción de patrimonio histórico —protegido como bien de interés cultural— en las obras que lleva a cabo el Grupo Villar Mir para convertir el complejo de edificios conocido como Canalejas, en la madrileña calle de Alcalá, en un centro comercial y un hotel de lujo. El Ayuntamiento paralizó una parte sustancial de las obras en marzo, y desestimó en mayo el recurso interpuesto por la constructora, según el informe elaborado el 25 de mayo para la fiscalía, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El área municipal de Urbanismo recibió el pasado 4 de mayo, cuando aún gobernaba Ana Botella (PP), un oficio de la fiscalía que requería información sobre la paralización de las obras acordada en marzo. Sin embargo, la investigación del Ayuntamiento se remonta a varios meses antes.

Villar Mir compró en diciembre de 2012 al Banco Santander, por 215 millones de euros, los siete edificios ubicados en el número 1 de la plaza de Canalejas, el número 7 de la carrera de San Jerónimo, y los números 6, 8, 10, 12 y 14 de la calle de Alcalá. Planea unirlos —con una obra valorada en otros 285 millones de euros— para construir un centro comercial, un hotel de cinco estrellas (que gestionará la cadena Four Seasons) y 25 viviendas de lujo.

Tras la compra, el Gobierno regional (PP) limitó la protección como Bien de Interés Cultural a la primera crujía y cubierta del edificio de Canalejas, 1, y a la primera crujía y patio de Alcalá, 14. Y el Ayuntamiento rebajó el blindaje de todos los edificios para circunscribirlo a las fachadas.

Demolición “no autorizada”

En enero de 2014, el proyecto arquitectónico del Estudio Lamela se plasmó al fin en una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Y en marzo de 2014 se empezó a tramitar por fases la licencia municipal de obra.

En julio de 2014 se autorizó la fase 0 para la demolición de las áreas no protegidas, que concluyó en Navidades. En febrero de 2015 se autorizó la fase 1 para cimentar, que estará concluida a finales de este año. Y queda por autorizar la fase 2, la licencia definitiva para construir el complejo, que hoy por hoy está paralizada tras considerar la Comisión Local de Patrimonio Histórico (integrada por el Gobierno regional y el Ayuntamiento) que el proyecto ha ido más allá de lo permitido para unos edificios protegidos.

Pero antes de llegar a ese punto, el Ayuntamiento ya se había dado cuenta de que algo iba mal.

Durante una inspección el pasado 2 de octubre, los técnicos municipales comprobaron que se había iniciado la demolición de acuerdo con la licencia de fase 0. Se informó de ello a la fiscalía, que había abierto unas diligencias informativas para monitorizar la obra. En febrero de 2015, una vez autorizada la fase 1, los técnicos efectuaron una nueva inspección de la obra, y fue cuando detectaron “una serie de actuaciones no autorizadas” que afectaban a elementos calificados de bienes de interés cultural.

El 26 de marzo, el área municipal de Urbanismo suspendió las obras al detectar la demolición de pilares, forjados, entrevigados y escaleras pertenecientes a las zonas protegidas. Esa suspensión solo afectaba a una parte de la obra, que Villar Mir cifró en el 10% del complejo. De hecho, el Ayuntamiento dio el visto bueno a la segunda parte de la fase 1 pese a las irregularidades detectadas.

La constructora presentó un recurso de reposición contra la orden de suspensión, pero el Ayuntamiento lo desestimó el 11 de mayo. Apenas unos días antes, Villar Mir había solicitado la legalización de las obras, una decisión que debe tomar la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

En su informe a la fiscalía, el Ayuntamiento ve viable esa legalización de las actuaciones irregulares, lo que permitiría levantar la orden de paralización: “Los elementos demolidos sin licencia se describen como no originales y/o como manifiestamente deteriorados. En algún caso, las declaraciones de bien de interés cultural describen esos elementos como ‘carentes de interés’. Consiguientemente, esas actuaciones pudieran ser compatibles con las condiciones de protección del edificio”.