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‘Caso Bidegi’: la Diputación prescinde de los abogados que nombró Bildu

La Diputación de Gipuzkoa nombra a un letrado de la institución en el procedimiento por el supuesto fraude en la construcción de la autopista AP-1

La Diputación de Gipuzkoa, ahora en manos del PNV y el PSE-EE, ha decidido dar un giro a la estrategia que mantenía con relación al caso Bidegi, el mayor procedimiento de presunta corrupción que un tribunal de esta provincia investiga por el posible fraude de 30,7 millones de euros cometido en la construcción de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria).

Inicialmente, la institución foral ha informado esta tarde que ha designado al abogado Antton Ibargutxi Otermin, actual Jefe de Servicio B de Defensa y Asesoramiento Jurídico de la Diputación de Gipuzkoa, para asumir la defensa de dos de los imputados por el caso Bidegi, ambas cargos de la citada sociedad foral, con lo que de este modo se convertía al mismo tiempo en parte acusadora y defensa en el caso Bidegi.

Sin embargo, en otra notificación psterior, ha rectificado para aclarar que el letrado foral no llevará finalmente la defensa de dos técnicas de Bidegi imputadas por el presunto fraude, sino que su defensa será ejercida por un abogado ajeno a la Diputación guipuzcoana.

La Diputación guipuzcoana no ha retirado la querella que el gabinete de Bildu había presentado por las presuntas irregularidades en las obras de la AP-1, con lo que se mantiene como parte acusadora en este procedimiento. Con su última decisión de nombrar un abogado funcionario de la Diputación, el Gobierno foral ha querido precisar que ha decidido asumir directamente, a través de sus propios servicios jurídicos, su representación legal en el procedimiento. También comunica que esta decisión supone rescindir el contrato con los abogados que hasta ahora venían ejerciendo la acción penal y que fueron contratados por el anterior Gobierno foral de Bildu.

Un juzgado de Azpeitia investiga el supuesto pago de 30,7 millones por obras no realizadas en 2009, cuando en la institución foral estaba gobernaba por el PNV. En esta causa figuran como imputadas, Mirari Azurmendi, directora técnica de Bidegi (ha sido elegida concejal del PNV en Usurbil), y Silvia Armenteros, administradora de la sociedad foral encargada de la construcción y explotación de las vías de alta capacidad de Gipuzkoa. Además de estos, también figuran como imputados Agustín Zugasti, director técnico de Bidegi en 2011, además de un responsable de la empresa Euroestudios, que ejerció la dirección de obra, y otro de la UTE Arlaban, que ejecutó los trabajos.

La institución foralha señalado en un principio que tanto Azurmendi como Armenteros iban a ser defendidas por el letrado de la Diputación, pero en una nota aclaratoria han indicado que serán representadas por el abogado José Ignacio Larrañaga, que no pertenece a la institución foral. las dos imputadas han presentado hoy mismo un escrito en el juzgado de Azpeitia para solicitar el cambio de abogado y solicitar que a partir de ahora sea José Ignacio Larrañaga quien asuma su defensa.

En todo caso, el consejo de diputados aprobará este martes "dar por finalizada su relación contractual con los abogados Luix Barinagarrementeria y Unai Iturriotz", a quienes retirará los poderes otorgados por el anterior Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad, dirigido por Larraitz Ugarte, para ejercer su acción penal en el caso de las diligencias contra los técnicos de Bidegi.

"El Gobierno foral considera que la defensa de la Diputación se debe llevar desde los Servicios Jurídicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa con el objetivo de llevar a cabo el proceso legal con todas las garantías y velar por la neutralidad política", asegura en un comunicado remitido esta tarde. Por lo tanto, añade la nota, los dos abogados dejarán de representar a la Diputación de Gipuzkoa y serán los servicios jurídicos de la misma quienes continuarán con el proceso.

El juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia (Gipuzkoa) investiga una querella presentada por el anterior ejecutivo foral de Bildu que acusaba de malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, falsedad documental, entre otros delitos. En la demanda inicial, la Diputación guipuzcoana denunció que Bidegi abonó 13,6 millones por trabajos no realizados en el tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte de la AP-1, referidos a un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra. En una segunda querella, incorporó otros 17,1 millones, de los 8,3 millones correspondían al pago por el uso de materiales (hormigón y fibra de acero) que no se emplearon, y otros 8,8 millones por trabajos que ya habían sido abonados por la Diputación alavesa en las obras del túnel de Arlaban, que une Álava y Gipuzkoa.

En la segunda querella, Bildu solicitó asimismo la citación como testigos de Eneko Goia, que era el responsable foral de Infraestructuras cuando sucedieron los hechos, y de Markel Olano, que ocupaba entonces los cargos de diputado general y presidente de la sociedad pública Bidegi. Los actuales diputado general de Gipuzkoa y alcalde de San Sebastián han sido ya llamados a declarar como testigos por el juzgado el próximo mes de octubre.