La Comunidad vulneró la ley de datos en la venta de pisos del Ivima a fondos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionará a la Comunidad de Madrid con hasta 300.000 euros por vulnerar los datos personales de un centenar de afectados por la venta hace dos años de 2.935 pisos del Instituto de la Vivienda (Ivima) al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs y a la gestora inmobiliaria española Azora. El director de la AEPD, José Luis Rodríguez, resuelve que el Gobierno regional cometió una falta grave, con una multa mínima de 40.001 euros, por no haber solicitado “el consentimiento inequívoco” de los afectados para el “tratamiento de los datos de carácter personal”, según dispone el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La legislación sanciona el trato de datos de carácter personal “sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto” en la normativa (artículo 44.3.b).

El Ejecutivo autonómico de Ignacio González (PP) enajenó 32 promociones del Plan Joven repartidas por 11 municipios en agosto de 2013 por 201 millones de euros, una cantidad un 20% superior al precio de salida (168,9 millones). Entre enero y mayo de 2014 se presentaron 91 denuncias en la AEPD porque en el proceso de venta “se ofreció a todos los licitadores” que optaron al proceso información sobre los denunciantes, todos arrendatarios del Ivima, “sin contar con su consentimiento”. Una vez producida la adjudicación, la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda entregó a los fondos, a través del Ivima, información de los arrendatarios como números de teléfonos o de cuentas sin su permiso previo, “recibiendo en sus cuentas un primer cargo de la empresa adjudicataria Encasa Cibeles”, recoge la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos.

“Se trata de información sensible que se ha vulnerado de forma grave, y que se sigue encontrando en la web de la Comunidad, que sigue actuando con impunidad”, critica Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). “Es una evidencia más de que el Gobierno regional ha actuado de manera irregular en este proceso”, recalca Villalobos, que lamenta “la falta de actuación de la justicia, que está dilatando resolver un proceso marcado por sus irregularidades como demuestran los indicios”.

La Policía Nacional recomendó a la justicia a principios de año que la Fiscalía Anticorrupción investigase la venta de las viviendas a fondos de inversión. El Juzgado de Instrucción número 48 ha visto posibles “indicios objetivos de enriquecimiento” en la operación. El juez imputó a Ana Gomendio, gerente del Ivima desde abril de 2013, aunque la operación la puso en marcha su predecesor, Juan Van Halen.