De la financiación “injusta” al “menosprecio” del catalán

La Crónica de una ofensiva premeditada que ha redactado la Generalitat pretende explicar y justificar el aumento del independentismo en Cataluña, precisamente en un momento en que las encuestas reflejan un punto de inflexión en este asunto y hasta de cierto hastío por parte de algunos sectores nacionalistas. La Generalitat, al igual que en anteriores informes similares, no asume ningún tipo de responsabilidad sobre la actual situación y asegura que todo el malestar es producto del recorte del Estatuto catalán, en primera instancia, y de la voluntad recentralizadora del Gobierno central. Las acusaciones concretas al Gobierno se cuentan por decenas agrupadas en seis grandes ámbitos.

Financiación “injusta”. La Generalitat denuncia que Cataluña es la tercera comunidad en aportación de recursos tributarios al sistema pero la décima en recursos per cápita recibidos, lo que deja Cataluña por debajo de la media nacional. El nuevo sistema de financiación está pendiente desde enero de 2014.

Déficit fiscal. El informe defiende que en los últimos 25 años Cataluña ha sufrido un déficit fiscal del 8% del PIB de promedio, una cifra que discuten muchos expertos. “Es el equivalente a todos los gastos de la Generalitat en materia de salud, educación y bienestar social de 2011”.

Infraestructuras pendientes. El Gobierno catalán insiste en reclamar las inversiones previstas en el Estatuto catalán, algo que recortó el Tribunal Constitucional. “La deuda por el incumplimiento de este pacto alcanza los 3.967 millones”, dice el texto. También se denuncia que solo se ha desarrollado un 7% del plan de Cercanías de Cataluña frente al 100% del de la Comunidad de Madrid. La inversión del Estado en Cataluña ha caído un 71% entre 2009 y 2014 frente al 53% de promedio nacional.

“Menosprecio” lingüístico. El documento denuncia un “ataque constante” contra la lengua y la escuela catalana, especialmente a través de la LOMCE, que “perjudica la continuidad” del sistema de inmersión lingüística. También lamenta el mantenimiento de leyes que imponen el castellano y la falta de medidas del Estado para la preservación de las lenguas cooficiales.

Ley de dependencia. La Generalitat denuncia que el Gobierno ha incumplido sistemáticamente su compromiso de aportar el 50% de las ayudas a la dependencia. En 2014 el Ejecutivo catalán aportó cuatro veces más que el Estado.

Sentencias incumplidas.El Ejecutivo de Mas entiende que el Gobierno no puede exigirle el cumplimiento de las sentencias judiciales mientras no haga lo mismo. El ejemplo que pone son las sentencias del Tribunal Constitucional favorables a la gestión territorializada del 0,7% del IRPF destinado a finalidades sociales. “Hace más de 15 años que el Gobierno lo incumple”, sentencia el documento.