Spanair se financió con 224 millones de euros de fondos de la Generalitat

La refundación de Spanair, iniciada en abril de 2009 y finiquitada en enero de 2012 con un abrupto cierre que dejó en tierra a 20.000 pasajeros, se financió con 223,9 millones de euros de créditos otorgados por la Generalitat. Un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas llega a ese cálculo tras analizar las operaciones efectuadas por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y las empresas públicas Avançsa y Cimalsa. Si se contabilizaran los recursos aportados por Fira de Barcelona, en la que participan la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, esa cifra alcanzaría los 244,9 millones de euros.

Todas las aportaciones sirvieron para mantener a flote a la aerolínea después de que los promotores privados fracasaran en su objetivo de levantar 80 millones de euros entre empresarios para garantizar el proyecto. Esas inyecciones fueron ampliándose y alargándose en el tiempo hasta que en enero de 2012 Qatar Airways declinó comprar la mitad del capital social de la compañía por el temor de que los recursos públicos fueran considerados como ayuda de Estado por la Unión Europea, como habían denunciado un par de aerolíneas rivales de Spanair. Entonces la Generalitat se negó a ofrecer más dinero y se decidió cancelar operaciones.

El análisis realizado por la Sindicatura de Cuentas ofrece una exposición de la Generalitat en la operación de Spanair superior a las ofrecidas hasta ahora, que situaban en menos de 200 millones de euros los fondos públicos volcados en la aerolínea, ahora en fase de liquidación.

El Ayuntamiento de Barcelona participó en menor medida en la operación. Lo hizo de forma indirecta a través de Turismo de Barcelona y de Barcelona de Serveis Municipals, ambas accionistas indirectos de IEASA, la sociedad que controlaba el 80% de la aerolínea. Turismo de Barcelona aportó 15 millones de euros a la operación gracias a un crédito por la misma cantidad que solicitó al ICF (ya contabilizados). Al cierre de 2012 faltaban por devolver 11,57 millones.

No se contabiliza, en cambio, la participación del Ayuntamiento —ni la de la Generalitat— efectuada a través de Fira de Barcelona, que perdió 19,8 millones en la operación. Fira de Barcelona alegó ante la Sindicatura que sus aportaciones no podían considerarse recursos públicos porque, pese a que Generalitat y Ayuntamiento están presentes en su consejo general, los recursos que aportó se financiaban mediante “fondos propios” fruto de los ingresos de “las actividades feriales que organiza”.

Una parte de los créditos concedidos por la Generalitat u obtenidos por entes públicos en el mercado bancario fueron convertidos en aportaciones de capital. Cimalsa, especializada en la promoción de centros logísticos, aportó 28 millones de euros, mientras que Avançsa, creada para aglutinar participaciones industriales, hizo inyecciones de capital por valor de 25 millones de euros y otros 66 millones en créditos participativos.