Un asesor del Gobierno vasco imputado podrá seguir en su cargo

Asier Aranbarri, alcalde de Azkoitia (Gipuzkoa) entre 2003 y 2011, podrá seguir ejerciendo como asesor del Gobierno vasco pese a estar imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente. La Comisión de Ética Pública del Ejecutivo autonómico ha resuelto "por unanimidad" que la citación judicial no le inhabilita para seguir ejerciendo como asesor "en materia de modernización" del Departamento de Administración Pública y Justicia, que dirige Josu Erkoreka.

Aranbarri ha sido citado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia que investiga unas operaciones de compra de suelos (incluían un antiguo vertedero de inertes) aprobadas en 2008 por el consejo de administración de la sociedad pública Azkoitia Lantzen. En esas fechas, Aranbarri era el presidente de dicha sociedad por ser el alcalde de la localidad.

La Comisión de Ética Pública ha dictaminado que Aranbarri "debe seguir colaborando" con la Justicia y atender puntualmente a sus requerimientos en calidad de imputado. Y añade que, a la vista de las circunstancias en que ha sido producida su imputación, "puede continuar en el ejercicio del cargo que ocupa" hasta que, en su caso, el juez o tribunal competente "dicte auto acordando la apertura del juicio oral". En ese supuesto, la Comisión Éitca aconseja "el cese cautelar del cargo público afectado".

Tras la llegada de Urkullu al poder en diciembre de 2012, el Gobierno vasco creó en mayo de 2013 la citada Comisión Ética con la misión de "recuperar el sentido ético de la política y de la apuesta por restablecer la confianza de la ciudadanía". Entre los casos que ha resuelto este órgano, presidido por el consejero Erkoreka, se encuentra la resolución que permitió el nombramiento de Ángel Toña como titular de Asuntos Sociales y Empleo pese a que poco antes de su nombramiento se conoció que había sido inhabilitado para ejercer como administrador concursal.

La Comisión Ética hace constar que Aranbarri no está investigado por actos llevados a cabo a título personal

En el caso de Aranbarri, la Comisión Ética dictamina que puede seguir como asesor del Gobierno vasco porque la imputación judicial no ha sido requerida por actos realizados a título personal, sino por su condición de presidente del consejo de administración de una sociedad pública. Azkoitia Lantzen suscribió en 2008 una escritura pública por la compra de unos terrenos en distintos ámbitos urbanísticos. El Tribunal Vasco de Cuentas constató en su informe de 2010 (publicado en 2013) que Azkoitia Lantzen cerró acuerdos de enajenación con sociedades mercantiles por valor de 10 millones sin "informes que justificaran" las operaciones, ni valoraciones que "justificaran el precio".

Aranbarri puso su caso en manos de la Comisión Ética a mediados de mayo, poco antes de las elecciones municipales y a raíz de un mensaje difundido por EH Bildu. En su escrito, el exalcalde de Azkotia argumenta que su situación procesal responde  al "clima político especialmente enrarecido" de este municipio tras la "permanente judicialización de la vida municipal" que Bildu adoptó tras su llegada al poder en 2011 con la finalidad de "juzgar hechos y decisiones adoptadas en anteriores legislaturas", asegura Aranbarri.

El afectado sostiene ante la Comisión Ética que la coalición abertzale buscó su "estigmatización social y política" por la vía penal después de que fracasara el intento con las resoluciones adoptadas por el Tribunal de Cuentas vasco y español. También hace constar que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco afirma en una sentencia que "el único y exclusivo responsable medioambiental del antiguo vertedero es la empresa privada y en ningún caso la entidad pública" que presidía Aranbarri por ser el alcalde de la localidad.

La Comisión Ética sostiene en un escrito de 10 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS que el asunto que implica a Aranbarri "no denota, al menos hasta el momento, la existencia de un ámbito de responsabilidad penal que resulte clara y directamente imputable al interesado". Y añade que Aranbarri "no ha sido llamado a declarar por actos llevados a cabo a título personal, sino por su condición de presidente3 del consejo de administración de una sociedad municipal", una responsabilidad para la que no fue designado individualmente, sino que le recayó por ser el alcalde de Azkoitia.