El TSJC anula la privatización de la empresa pública de agua de Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido anular el concurso con el que la Generalitat privatizó la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y se la adjudicó a un consorcio liderado por Acciona por 1.000 millones de euros. La sentencia señala que el proceso vulneró “los principios de publicidad, concurrencia e igualdad”. El Gobierno autonómico anunció ayer que “previsiblemente” recurrirá el fallo. Acciona lo hará y prevé proseguir como gestor.

La batalla legal abierta por Agbar, que también pujó para gestionar el mayorista del agua que consume la región metropolitana de Barcelona (sirve a unas cinco millones de personas) y salió derrotada, ha dado sus frutos. La mayor privatización efectuada por la Generalitat recibió ayer un nuevo golpe judicial, esta vez en forma de sentencia firme del TSJC. La portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, señaló ayer que el recurso es “una posibilidad bastante obvia”, por lo que todo apunta que tendrá que ser el ejecutivo que salga de las próximas elecciones autonómicas el que deba asumir la resolución definitiva, sea cual sea la decisión del Tribunal Supremo.

El consorcio vencedor, encabezado por Acciona y el banco brasileño BTG Pactual, señaló que “permanecerá prestando el servicio de abastecimiento de agua en alta como hasta ahora” hasta que haya una sentencia definitiva, en referencia a la que dicte el Tribunal Supremo tras la presentación de los recursos de casación. Es remota la posibilidad de que ATLL sea rescatada y vuelva a ser gestionada desde el ámbito público, después de que ERC se uniera la semana pasada a CiU y PP en una moción parlamentaria que evitaba la posibilidad de que la empresa volviera a ser gestionada por la Generalitat.

Como ha sido todo el proceso desde que se adjudicara el concurso, el fallo de la Sala Quinta de lo Contencioso-Administrativo del TSJC es complejo. Por un lado, desestima el origen de todo el proceso jurídico: la resolución del Órgano de Recursos Contractuales de Cataluña (dependiente de la Generalitat) que daba la razón a Agbar y consideraba que la oferta de Acciona debía ser desechada porque no cumplía el pliego de condiciones. Pero por otro, tras analizar el asunto en profundidad, considera que todo el proceso de adjudicación es “nulo” porque se vulneraron los principios de publicidad, concurrencia e igualdad”. Según el criterio de los magistrados, se cambiaron los criterios del pliego de condiciones en pleno concurso y “esa alteración ilegítima” ha de suponer la “anulación del acto de adjudicación”. Se refieren a un “contenido nuclear” del contrato como es el programa de obras, que primero se calificó como orientativo pero que al final fue considerada como obligatoria.

Los tres protagonistas de este litigio salen perdiendo con esta resolución. Agbar, que ayer calificó de “positiva” la sentencia, es la que menos, porque aunque no consigue que se le adjudique el concurso —“no es objeto de este recurso una nueva adjudicación del contrato”, reza el fallo— obtiene la victoria de que se le quite a Acciona. El grupo constructor de la familia Entrecanales, por su parte, se acerca todavía más al riesgo de perder el contrato, con la incertidumbre de, más allá de recuperar los recursos invertidos, si podría ingresar algún tipo de indemnización si se pierde la explotación de ATLL.

El mayor derrotado es la Generalitat. El TSJC ofrece más munición a quienes cargaron contra la operación de privatización, que se acabó cerrando con un Gobierno en funciones y con la necesidad de cuadrar unas cuentas acuciadas por el déficit y el endeudamiento. Al cerrar la adjudicación un 29 de diciembre logró casi 300 millones de euros de efectivo y logró reducir el déficit de aquel año, 2012, en mil millones de euros. Ahora, con la sentencia conocida ayer sobre sus espaldas, la seguridad jurídica que pueda aportar la Generalitat de puertas afuera en futuras operaciones puede quedar tocada. Incluso si se asumiera la posibilidad de volver a sacar a concurso Aguas Ter-Llobregat.

Los partidos de la oposición PSC, ICV-EUiA y Ciutadans cargaron ayer contra la gestión que ha hecho el Govern de la privatización y pidieron a la Generalitat que recupere el control público de la entidad. El diputado socialista en el Parlamet Jordi Terrades criticó el “cúmulo de errores” cometidos por el Ejecutivo catalán y consideró la necesidad de que asuma responsabilidades políticas el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, o incluso el propio presidente Artur Mas. Lo mismo dijo el diputado de ICV-EUiA Salvador Milà, quien tildó de “chapuza” la privatización y consideró que “cuanto más tarden en revertir el proceso irregular e irresponsable de privatización del sistema de abastecimiento de agua, más costará a todos los consumidores y usuarios”, avisó.