Sesgo ideológico

A las fuerzas políticas de izquierda —ya sea en versión vieja o nueva política— siempre ha sido fácil colgarles el sambenito del sesgo ideológico, es decir de torcimiento sectario. Es un estigma interior que en los últimos años se ha exteriorizado, banalizado por las camisetas que lucen algunos de sus líderes de partidos emergentes. Ahora la declaración de principios se serigrafía sobre el pecho, donde antaño proclamaban icónicamente su fe los caballeros cruzados. En el último decenio, el matrimonio gay —con el pedigrí añadido de manifestaciones episcopales incluidas— fue santo y seña de ese sambenito. No era necesario —se argumentaba desde la derecha— ir tan lejos y llamar matrimonio a algo que hasta un ciego ve que no lo es. Pero el sesgo ideológico de la izquierda se impuso.

A las fuerzas políticas de izquierda —ya sea en versión vieja o nueva política— siempre ha sido fácil colgarles el sambenito del sesgo ideológico, es decir de torcimiento sectario.

Con el tiempo, José Luis Rodríguez Zapatero —que era el presidente del Gobierno central entonces, en 2005— ha sido redimido de ese pecado de supuesto sectarismo ideológico incluso por la católica Irlanda, que en un referéndum celebrado este mismo año ha dado luz verde al matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando lo que se persigue es mantener el estatus quo, seguir el discurso pretendidamente hegemónico, no perturbar a la jerarquía eclesial o seguir el juego a los poderes fácticos no se habla de sesgo. Simplemente se trata de respeto democrático y es un valor en sí mismo.

Recientemente, el sesgo ha asomado la oreja con la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de no actuar penalmente contra dos estudiantes —Ismael Benito y Daniel Ayyash— a quienes la fiscalía pide casi nueve años de cárcel por participar supuestamente en altercados y destrozos, por los que han pasado 34 días en la cárcel. Eso fue a raíz de la huelga general de 2012 contra la reforma laboral aprobada con los votos de PP y CiU. El gobierno municipal de Ada Colau ha decidido hace unos días reclamar únicamente la responsabilidad civil —indemnizaciones— a que hubiera lugar, pero, en cambio, la Generalitat cierra en este caso filas con la fiscalía e insiste en pedir penas de cárcel.

No siempre el Ejecutivo autonómico es tan inflexible en esa escrupulosa persecución del resarcimiento material y moral. En el caso Palau, la Generalitat se halla en paradero acusador desconocido, a pesar de tratarse de un caso de comisiones por obra pública adjudicada por el Gobierno catalán y presuntamente cobrada por Convergència Democràtica. Y qué decir del caso de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), que agrupa a municipios nacionalistas y se ha negado a presentarse como parte perjudicada por un caso en el que la Fiscalía Anticorrupción pide hasta cinco años y medio de cárcel. Los acusados son los convergentes Josep Maria Matas y Xavier Solà —ex secretario general y el exjefe de los servicios jurídicos del ente municipalista, respectivamente— quienes presuntamente se embolsaron alrededor de un millón de euros mediante facturas infladas y trabajos ficticios. Estamos hablando de dinero público procedente de los ayuntamientos.

El matrimonio gay fue santo y seña de ese sambenito. Ahora,  ha asomado con la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de no actuar penalmente contra dos estudiantes.

Pero eso no es sesgo ideológico. Como tampoco lo es acudir al humanísimo recurso de la lágrima cuando los que están acusados o deben entrar en la cárcel son octogenarios, como Lluís Prenafeta o Macià Alavedra (caso Pretoria) o Josep Lluís Núñez. La máxima “odia al delito y compadece al delincuente” cobra toda su fuerza entre quienes ven injusto que un anciano dé con sus huesos en una fría celda. Hay que pedir castigos ejemplares con los que supuestamente destrozan mobiliario urbano. Los que presuntamente roban, corrompen o defraudan al fisco son harina de otro costal.

Entre alborotadores de orden y agitadores del caos media un abismo. Esta doctrina está asentada social y mediáticamente. Ada Colau, poco antes de ser elegida alcaldesa de Barcelona, declaró a este diario: “Desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas”. Esta frase, más propia de una activista que de una candidata a alcaldesa, mereció los honores de la lapidación. Pero hete aquí que pocos días después toda una presidenta del Parlament, Núria de Gispert, nada menos que guardiana de la Cámara legislativa catalana, aseguraba en diversas ocasiones en una entrevista a Catalunya Ràdio que la legalidad debía vulnerarse si no servía para lograr la independencia de Cataluña. Será que en cuestiones de sesgo ideológico, el fin sigue justificando los medios. O que en algunos casos se ha interiorizado de tal modo que ni se nota.