Expediente a una inmobiliaria por alquiler irregular de pisos sociales

La Agencia de la Vivienda de la Generalitat ha abierto un expediente sancionador a la sociedad de inversión inmobiliaria Colon Viviendas por adjudicar 55 pisos sociales de alquiler al margen del Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial. Colon compró en 2013 por 11 millones de euros la gestión de casi 300 pisos de alquiler en Barcelona, gestionados hasta entonces por Regesa, la empresa de promoción de vivienda social del consejo comarcal. Colon es filial de Azora, la empresa con que Goldman Sachs se adjudicó 3.000 pisos del Instituto de Vivienda de Madrid en varios municipios de la Comunidad.

En el caso de Barcelona, los 55 pisos son de dos de las cuatro promociones que compró Colon: las de Nou Barris (en la calle de Manuel Sancho y en el paseo de Urrutia). La Generalitat advierte a Colon de que haber omitido el registro de solicitantes está considerado como falta grave según la Ley del Derecho a la Vivienda, lo que podría comportar sanciones de hasta 90.000 euros. Y recuerda que el registro “es el organismo que vela para que los inscritos cumplan con los requisitos” para optar al parque público de vivienda. El expediente de la Agencia de la Vivienda, firmado 26 de mayo, da un plazo de diez días hábiles a Colon Viviendas para formular alegaciones. Este diario intentó ayer sin éxito contactar con la sociedad.

Vivienda subraya que la lista de solicitantes vela para que los adjudicatarios cumplan los requisitos 

La alerta sobre la adjudicación de alquileres sin pasar por el registro oficial la lanzaron los propios inquilinos, apoyados por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), cuando se dieron cuenta de que los pisos que quedaban vacíos se anunciaban en portales comerciales de internet como Idealista o Habitalia. Colon los retiró de estos portales en 2014, explican los vecinos de los cuatro edificios privatizados, que se agruparon en la asamblea Habitatge Públic-Prou Especulació.

Los propios vecinos constataron que los nuevos inquilinos explicaban que accedían a los pisos sin estar apuntados en la lista pública sino que se enteraban “por el boca oreja” de la existencia de las dos promociones, explica Elvira Juncosa, miembro de la asamblea vecinal. Y que se informaban de su disponibilidad y firmaban los contratos en la sede de Azora, en la Via Augusta.

Al contrario de lo que ha ocurrido en Madrid, la legislación catalana blinda el precio de los alquileres sociales, de manera que el fondo no ha podido subirlos. Pero en los nuevos contratos (o en las renovaciones) Colon introduce muchos cambios, asegura la asamblea. Se aplica estrictamente la Ley de Arrendamientos y los contratos son por tres años (y no cinco como hasta ahora), y se introducen nuevos conceptos que encarecen la cantidad mensual a pagar.

Colón no puede subir los alquileres, pero introduce nuevos gastos

Por ejemplo, explican: Colon pretende cobrar más por los gastos de mantenimiento (de 45 a 65 euros), se obliga a los arrendatarios a suscribir una póliza por el contenido del piso, se penaliza la finalización voluntaria del contrato o se obliga a alquilar una plaza de aparcamiento en uno de los bloques, el de la Sagrera. U otro requerimiento nuevo: en dos de las cuatro promociones (Urrutia y Sagrera), Colon obliga a conseguir un aval bancario o a hacer una transferencia de hasta 1.500 euros, explica Juncosa, un problema mayúsculo para los inquilinos que entraron con Regesa sin pagar este aval y renuevan porque deben reunir la cantidad de un día para otro.

Ninguna de estas condiciones es por ley obligatoria en las viviendas de titularidad pública, pero si los inquilinos aceptan, “Colon hace la vista gorda”, aseguran los vecinos de la asamblea. No son grandes cantidades, pero, al no poder subir el alquiler, es la forma que las inmobiliarias que se dedican al alquiler tienen para sacar rentabilidad a grandes carteras de pisos. Cifras pequeñas pero multiplicadas por muchos pisos. Otra de las claves de los beneficios de las compañías es tener los edificios ocupados al 100%. Y la selección del registro público de solicitantes ralentiza la adjudicación de pisos.

Fuentes de Regesa recordaron ayer que la compra del derecho de superfice de los cuatro edificios obligaba a Colon a “someterse a la normativa reguladores de las viviendas de protección ” y a cumplir “normas reguladoras del registro de solicitantes de vivienda con protección oficial de Barcelona”.