Procesado el exjefe de seguridad de Fabra por supuesto trato degradante

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha procesado al antiguo jefe de seguridad del presidente valenciano en funciones, Alberto Fabra, por haber dispensado presuntamente un "trato degradante o alternativamente" haber coaccionado a un asesor de prensa del exvicepresidente José Ciscar durante la conocida como caza del topo del Palau de la Generalitat valenciana. La búsqueda de un supuesto filtrador de datos embarazosos para el jefe del Gobierno autonómico.

El juez considera que existen indicios suficientes de que el exjefe de seguridad presionó más allá de lo razonable al asesor de Ciscar con el fin de averiguar quién había filtrado a la prensa datos internos sobre Presidencia de la Generalitat, como la contratación de un coach (preparador de liderazgo) y un cocinero para Fabra, o la nómina del presidente.

Para conseguir información, según la juez, el policía presionó al empleado de Presidencia asegurando que "podía pasar la noche en los calabozos si no colaboraba", e "insinuando" que un testigo había declarado contra él. Según reconstruye la resolución judicial, el exjefe de seguridad "le manifestó que si colaboraba podía no dar curso judicial en el atestado a las evidencias que había en su contra, y le comentó también que de ese modo podría conservar su trabajo, dado que con una llamada podía quedarse sin él, perjudicando su carrera profesional".

El policía procesado, que en ese momento era inspector jefe de policía de la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana (conocida como policía autonómica), le dijo finalmente al asesor "que podía irse, pero que eso no acababa ahí, y que esperaba pronto noticias", señala el juez. Una advertencia que según el magistrado generó en el empleado de la Generalitat "una sensación de temor e intranquilidad, que transmitió en los días siguientes a ciertos compañeros de trabajo y que le llevó a protocolizar notarialmente el día 25 de julio de 2014 un relato detallado de lo acaecido".

El magistrado desestima la petición de sobreseimiento solicitada por el imputado y acoge la petición del fiscal, que había reclamado el procesamiento del policía. El juez da ahora 10 días a las acusaciones para que soliciten el archivo o la apertura de juicio oral.