Confirmado el procesamiento por corrupción del alcalde de Vall d’Alba

Francisco Martínez, mano derecha del cacique castellonense Carlos Fabra y alcalde en funciones de Vall d’Alba (PP), se sentará en el banquillo de los acusados por un caso de supuesta corrupción por el proyecto de la depuradora de Borriol. Así lo ha confirmado la Audiencia provincial en un auto dado a conocer este viernes por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Martínez, que Martínez se dio de baja del PP cuando se dictó apertura de juicio oral a finales de abril, recurrió su procesamiento al considerar que se había dictado con falta de motivación. Junto a él recurrieron todos los procesados: el exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría, los dos hijos de Martínez, su socio Raúl Babiloni, un trabajador del socio y un funcionario de la Diputación.

A esta supuesta falta de motivación alegada, la Audiencia responde que existen “indicios racionales de criminalidad, por lo que mal puede hablarse de que adolezca de la más mínima fundamentación fáctica o jurídica”. De esta forma ratifica todas las imputaciones, salvo la del funcionario de la Diputación, para quien archiva la causa.

La Sala corrobora que hay pruebas suficientes como para que se sienten en el banquillo para determinar en juicio oral si cometieron delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas a funcionario. Martínez se enfrenta a una condena de cuatro años de cárcel por el escándalo de la depuradora de Borriol. El quien fuera mano derecha de Carlos Fabra será juzgado por intentar incluir una finca familiar dentro del citado proyecto cuando era vicepresidente de la Diputación. De haberse aprobado, habría recibido 51.000 euros por unos terrenos valorados en 3.000. El edil de Compromís en Borriol vio a tiempo la operación y logró pararla.

La Audiencia sostiene que las diligencias de investigación, la “abundante prueba documental” y las declaraciones permiten sostener que se llevaron a cabo conductas, acuerdos y firma de convenios “tendentes a lograr la inclusión de la parcela como terreno afectado” por la depuradora, parcela que fue adquirida por la hija de Martínez a su socio, “que intervino favoreciendo la ocultación de la relación de esta parcela con su titular”. El fin de esta operación era “la obtención de beneficio económico de los imputados”, recoge el auto.

El tribunal sí ha estimado el archivo de la causa contra el funcionario de la Diputación al considerar que sus informes no eran vinculantes ni preceptivos y que, además, son “técnicamente correctos”.