El fallo del Constitucional sobre la ley de vivienda cuestiona la autonomía

La decisión del Tribunal Constitucional de estimar, de forma parcial, el recurso del Gobierno central contra el decreto ley andaluz antidesahucios ha sido cuestionado por partidos políticos. El Constitucional considera ilegal la expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de los bancos, que era una de las medidas aprobadas por el decreto impulsado por el anterior Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida. La Junta ya estudia recurrir el recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Por su parte, IU ha pedido que el Parlamento haga lo mismo. Los partidos defienden que la normativa andaluza es compatible con la ley estatal y que la decisión del Constitucional choca con la competencia de la Junta en materia de vivienda. 

El pleno del tribunal, con tres votos en contra, considera que dicho decreto "rompe el carácter coherente de la acción pública en esta materia" y que no es compatible con la ley estatal. "Nuestra ley y la disposición adicional del decreto ley son perfectamente compatibles con la norma regulada por el Estado, por lo que no hay invasión de competencias estatal", ha defendido la consejera de Vivienda, María Jesús Serrano. "La ejecución de la normativa autonómica quedaría simplemente aplazada hasta que hayan transcurrido los cuatro años de moratoria que establece la ley estatal. Su aplicación no interfiere en ella sino que depende de ella. De hecho, la Junta no ha tramitado expropiaciones de uso en aquellos casos en los que la moratoria de la ley estatal ha sido concedida", defiende el presidente del Parlamento en la anterior legislatura, Manuel Gracia.

Los partidos también denuncian que la sentencia del Constitucional "desmantela el poder autonómico", en palabras del líder de IU, Antonio Maíllo. En este sentido, Gracia hace referencia a las palabras del magistrado Xiol para votar en contra del recurso. "Defendió que, con esta decisión, la comunidad autónoma queda expropiada de su competencia exclusiva en materia de vivienda", asegura el expresidente del Parlamento antes de señalar que "Andalucía debe defender su derecho a legislar en el marco de sus competencias en una cuestión de tanto alcance social, siguiendo el camino y las políticas que la ciudadanía ha votado libremente". "Por ese camino se va a vaciar de competencias a las comunidades", ha alertado Serrano. "No se puede anteponer una competencia de carácter transversal y genérica como es la economía sobre una competencia concreta y exclusiva que tiene la Junta en materia de vivienda", ha argumentado Maíllo.

Andalucía debe defender su derecho a legislar en el marco de sus competencias

Manuel Gracia

El expresidente del Parlamento también cuestiona la decisión del Constitucional si se atiende a la sentencia que este tribunal dictó en 1987 sobre la Ley de Reforma Agraria. "No se puede comprender que el tribunal que sancionó la plena constitucionalidad de la expropiación de uso de tierras cuando se produjeran ciertas condiciones de infrautilización de su capacidad productiva, venga ahora a negar la posibilidad de aplicar la misma medida con carácter solo temporal a las viviendas propiedad de entidades financieras cuando no tengan el uso que les corresponde. Entonces, como ahora, el Estado había dictado una legislación sobre la materia que fue considerada compatible con la legislación andaluza en la materia porque introducía modificaciones de índole social y de técnica jurídica", ha afirmado Gracia. 

El PSOE también pretende llevar al Congreso una iniciativa para exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que retire el recurso que presentó también contra la ley de la función social de la vivienda, dictada con posterioridad y que derogó en parte este decreto. "No cuesta dinero, ni pone en peligro la economía española ni el sistema financiero europeo", argumenta el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez. "Hay que defender con uñas y dientes la ley de este Parlamento y la dignidad de la gente, que hoy siguen siendo expulsadas de sus casas", señala el diputado de IU José Antonio Castro, quien ha pedido a la Mesa del Parlamento un informe jurídico para acudir también a Estrasburgo. "El fallo del tribunal de los banqueros a la ley antidesahucios convierte el estado social democrático y de derecho en un estado de derecha", ha señalado la diputada de IU Elena Cortés (consejera de Vivienda cuando se aprobó ambas normativas).

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha defendido la decisión del Constitucional, que ha "puesto las cosas en justo lugar" y ha frenado la "demagogia" con la que actuó la Junta. "Algunos, cuando pretenden hacer demagogia por encima de las leyes, se encuentran con estas cosas", ha dicho Hernando.