La vivienda en alquiler será un derecho para los ciudadanos vascos

Pasar de la propiedad al alquiler como cultura. El Parlamento vasco ha cumplimentado el último trámite antes de aprobar de forma definitiva, en junio, la nueva Ley de Vivienda que van a sacar adelante el PSE, EH Bildu y UPyDy que se marca como uno de sus principales objetivos empezar a cambiar los cimientos culturales de una sociedad que todavía basa su diseño familiar sobre una vivienda en propiedad, asegurando como un derecho subjetivo una vivienda de alquiler a los ciudadanos que la necesiten. Esos tres partidos han aprobado esta mañana en la comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de la Cámara el dictamen del proyecto de ley, que incorpora la expropiación forzosa de uso de las viviendas en manos de los bancos, y el canon obligatorio por vivienda vacía, y lo han hecho apenas 24 horas después de conocerse que el Tribunal Constitucional haya tumbado la posibilidad de expropiar el uso de los pisos a las entidades financieras en casos de desahucios. "La futura ley vasca también lo incorpora, pero solo como el último recurso si la administración no dispone de parque para ofrecer", han precisado desde el Grupo Socialista tras asegurar que esa parte del proyecto incorpora todas las previsiones que exige el Constitucional.

Lo sustancial del nuevo texto es que convierte el alquiler social en un derecho para los ciudadanos que cumplan una serie de requisitos de ingresos y propiedades máximas, y que por lo tanto podrán reclamarlo en los tribunales si la administración pública vasca no se lo proporciona. Será la primera ley que ofrece a los ciudadanos una vivienda en alquiler como un derecho subjetivo, y saldrá adelante pese al Gobierno de Iñigo Urkullu, (PNV) que lo considera un despropósito desde el punto de vista económico.  Después de dos años de tramitación, el proyecto de Ley de Vivienda, es en opinión de los partidos que la apoyan "un paso adelante en contra de la especulación".

La ley tendrá efectos prácticos para el ciudadano el día después de su aplicación, independientemente de que el Gobierno quiera retrasar la reglamentación posterior, ya que le fija un carril con unas condiciones iniciales por las que avanzar. El proyecto de ley establece en su disposición transitoria segunda que el primer año de su entrada en vigor las familias de tres o más miembros con menos de 15.000 euros de ingresos podrán reclamar al Gobierno vasco una vivienda en alquiler, el segundo año también las de dos miembros con 12.000 euros máximo y a partir del tercer las monoparentales con menos de 9.000 euros. Fija además que las cuotas para el pago del alquiler nunca podrán sobrepasar el 30% de la “renta disponible” de cada unidad familiar, o el 15% si los ingresos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. La Ley convertirá en un derecho subjetivo el artículo 47 de la Constitución Española en el que se establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y fija que los “poderes públicos promoverán las condiciones necesarias” para ello.

Familias de tres o más

Los aspectos más controvertidos del proyecto son la expropiación forzosa del uso a los bancos "solo en último extremo y cuando la administración no disponga de un piso que ofrecer a una persona a la que van a desahuciar", el canon de las viviendas vacías para aquellas declaradas así después de dos años y un registro de viviendas vacías. El canon anual será de 10 euros por metro cuadrado, y se incrementará un 10% anual hasta un tope de tres veces el canon inicial, mientras permanezca sin usar ni alquilar. Además, el Gobierno vasco deberá de orientar toda su política de vivienda hacia el alquiler. El 80% del parque propio de viviendas se destinará inicialmente al alquiler, y el proyecto de ley se marca un lustro para que el 100% se destine a ese tipo de uso.

La nueva legislación completa el sistema vasco de protección social que también fija como derecho subjetivo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), es decir, un salario público que hasta ahora da derecho también a recibir la Pensión Complementaria de Vivienda (PCV), que son 250 euros adicionales. El Gobierno ha estimado que la nueva ley tendrá un impacto de 760 millones en diez años, es decir, 76 anuales adicionales a los que ya destina a vivienda de alquiler, unos 90 millones el pasado año (a través de la PCV). Para el PNV, partido que junto al PP están en contra, pero al ser minoría en el parlamento vasco no van a lograr frenarla, no es sostenible.