El fraude de Mercalicante airea la falta de control administrativo

Los antiguos miembros de la comisión ejecutiva de Mercalicante, ente público de participación municipal y estatal, señalaron este martes a José Emilio Clavero como el culpable de la estafa ocurrida a principios de la pasada década y que dejó un agujero contable próximo a los seis millones de euros. El exalcalde alicantino, Luis Díaz Alperi, entonces presidente de la comisión, acusó a Clavero, huido de la justicia, de elaborar un plan para estafar a la empresa mixta con un sistema de venta y gestión de productos que calificó como “tomadura de pelo”.

Fue ese proyecto, llamado SIME (Sistema de Interconexión de Mercados Electrónicos), el que puso en alerta a los miembros de la comisión ejecutiva que formaban Díaz Alperi y los concejales Juan Zaragoza y José Manuel Rodríguez Galant, junto a otros dos miembros de la empresa estatal Mercasa. Hasta entonces las autorizaciones de pagos millonarios se realizaron con escasos controles, según ha quedado patente en la segunda sesión del juicio que comenzó este lunes.

El consejo de administración ni siquiera se reunía en las instalaciones de la empresa. Gonzalo Simón, consejero por parte de Mercasa, calculó que pasaba cada dos años por ellas, ya que los encuentros del órgano por costumbre se realiaban en el Ayuntamiento alicantino.

El propio Díaz Alperi, desimputado en esta causa hace años por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, aseguró que desconocía que Clavero tuviera una cuenta en la que depositaba fondos sin autorización del consejo administrativo. El entonces concejal de Sanidad, Juan Zaragoza, y también desimputado, reconoció que autorizó contratar dos créditos bancarios, uno de ellos por 2,4 millones de euros y otro por un importe similar sin contrastar que fueran para necesidades de la empresa, como le informó Clavero.

Parte de esos 2,4 millones los usó Clavero para invertir en acciones farmacéuticas con el nombre de la empresa y que posteriormente pasarían a una cuenta particular a nombre del exgerente. Clavero incluso se compró un ático de 192 metros cuadrados en la avenida Diagonal de Barcelona con una transferencia de casi 373.000 euros que nadie le autorizó en Mercalicante.

Los antiguos consejeros, según testimoniaron ante la magistratura, no se percataron de que “había algo raro” hasta que, en tres ocasiones, Clavero solicitó 1,8 millones de euros. Tal cantidad iba a ser destinada a comprar la sociedad que explotaría el proyecto SIME y a recuperar también el alquiler de tres naves industriales.

La empresa Tenos sería la encargada de desarrollar el SIME. En noviembre de 2000, cuando se firmó el contrato con Mercalicante, Tenos ya había cobrado 910.000 euros por nada. La auditoría encargada entonces a una empresa consultora descubrió que el SIME era un proyecto vacío, “sin ninguna dirección ni control del proyecto por parte de Mercalicante”. La empresa ni siquiera compró los equipos informáticos por los que Mercalicante pagó 646.917 euros, comprobó la consultora entre varias irregularidades detectadas.

El descontrol fue enorme, a tenor de lo testificado por los miembros del consejo; testimonios que se unen a las facturas de pago constatadas por Fiscalía. En la contabilidad de esta empresa de abastecimiento de mercados aparecían conceptos como el patrocinio de un coche de rally en Barcelona por 135.433 euros, la subvención de un equipo de balonmano o la iluminación de una de las avenidas más grandes de Alicante.

El caso Mercalicante fue uno de los primeros escándalos de los que tuvo noticia la sociedad alicantina, hoy acostumbrada a presuntos casos de corrupción como los que afectan al propio Díaz Alperi y a su sucesora, Sonia Castedo. En los inicios de la investigación, la juez que instruyó el caso tuvo imputados al consejo de dirección hasta que el TSJ exoneró a Díaz Alperi y la Audiencia Provincial hiciera lo propio con el resto.

Este martes todos han culpado a Clavero, sobre quien pesa una petición de cuatro años de cárcel por parte de Fiscalía. El exgerente está en paradero desconocido desde 2013. Su exmujer, también procesada en el caso, dijo durante la primera sesión que a veces llamaba para hablar con sus hijos.