El fiscal se persona en el caso del Tribunal de Cuentas contra Alonso

El Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas del Estado ha dado el paso delante de personarse en el caso San Antonio, el contrato de alquiler excepcionalmente favorable de unas oficinas municipales de Vitoria que firmó el actual ministro de Sanidad cuando era alcalde de Vitoria, en 2007. El pasado día cinco de marzo, el Tribunal de Cuentas comunicó al ministro y a los miembros de aquella corporación que tenían que hacer frente a 439.365 euros más los intereses de demora, para cubrir el posible deterioro económico de las arcas públicas que se produjo entre el monto total que figura en el contrato firmado con Gonzalo Antón, un conocido empresario propietario de los locales alquilados, y el que propusieron los técnicos municipales.

La personación del Ministerio Fiscal es un paso significativo ya que revela que también la Fiscalía aprecia una posible mala utilización del erario público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y se suma a la que ya anunciaron los partidos de la oposición. A partir de ahora ya solo quedaría la apertura del juicio contable para esclarecer las posibles responsabilidades de aquella corporación gobernada por Alonso y que tenía al actual alcalde, Javier Maroto, como concejal de Hacienda. 

Hace mes y medio, PNV y PSE se personaron de forma conjunta ante el Tribunal de Cuentas del Estado para poder ejercer la acción pública contable y solicitar la apertura de juicio contable y se encuentran a la espera de conocer quiénes más se han presentado para que el proceso continúe adelante con la investigación del caso. Si finalmente el alto tribunal concluye que hubo irregularidades, restaría saber a quiénes se atribuyen estas y qué sanción económica deberán afrontar.

El contrato triplicaba

El empresario compró una lonja en la céntrica calle San Antonio de Vitoria en enero de 2006 por 2,7 millones de euros y, a finales de ese mismo año, ya negociaba su venta con el Ayuntamiento. Alonso y Antón firmaron el contrato en febrero de 2007 por un precio final de alquiler de 7,6 millones de euros, y por un plazo de 20 años —cuando la petición inicial de la propiedad era de 10 años—. Los más de siete millones se dividían en 6,1 millones de euros por el alquiler y 1,5 millones de euros por las obras de acondicionamiento que costeó el presupuesto público. En total, tres veces el precio de compra de la lonja y, además, con una cláusula de blindaje.

Si se rompía el contrato, el Ayuntamiento debía pagar los 20 años íntegros. Las sospechas de que el precio estaba pactado al margen del mercado y las advertencias de los servicios municipales se dispararon cuando se conocieron varios correos electrónicos en los que, apenas un mes antes de la firma, Antón escribió alarmado al Ayuntamiento porque la propuesta que había recibido de Hacienda —el concejal de Hacienda era el actual alcalde Javier Maroto— no reflejaba la cantidad mensual negociada inicialmente y, a cambio, incorporaba subidas anuales del precio de entre tres y nueve puntos sobre el IPC.