Camarasa: “Nos dijeron que el fraude de Terra Mítica llegó a 3.000 millones”

José Camarasa, exdiputado del PSPV-PSOE, ha asegurado este lunes en el juicio que se sigue por un presunto fraude en la construcción de Terra Mítica, que dos de los empresarios acusados en el caso le contaron que las "comisiones y los precios por trabajos no realizados podían ascender a entre 2.000 y 3.000 millones de las antiguas pesetas" -entre 12 y 18 millones de euros-.

El exparlamentario, que grabó algunas de las conversaciones con los empresarios, las cuales son ahora pruebas del procedimiento, también ha recordado que en aquellas charlas se implicó al expresidente de la Generalitat valenciana y exministro Eduardo Zaplana. Los empresarios que acudieron a ver a Camarasa y a su compañero en el grupo socialista Antoni Such les dijeron que habían visto entregas de dinero a Vicente Conesa, proveedor de Terra Mítica y uno de los principales acusados en el juicio. Y que Conesa les habría dicho: "No se piensen que esto es todo para mí. Lo reparto con otras personas, entre ellas Eduardo Zaplana", ha afirmado el exdiputado.

Al diputado le dijeron que hinchar los precios era una "condición inexcusable para trabajar" en el parque

Las grabaciones se hicieron públicas hace casi una década, los empresarios, Antonio Moreno Carpio y José Herrero, se desdijeron de lo afirmado y el asunto quedó ahí. Zaplana denunció a los socialistas, pero la querella contra ellos fue archivada, y también a los empresarios, absueltos tras retirar el expresidente la acusación, según recuerda Efe.

Según ha mantenido Camarasa, él y Such mantuvieron tres reuniones con los empresarios, de las que grabaron las dos últimas para protegerse, ha afirmado, de posibles maniobras de quienes entonces parecían arrepentidos. En las conversaciones, los empresarios les dijeron que desde Terra Mítica se les obligaba a hinchar el precio de los trabajos, pero que ello era una "condición inexcusable para poder seguir trabajando".

En el juicio de Terra Mítica hay 35 acusados por delitos fiscales, falsedad documental y estafa que se enfrentan a una petición de penas por parte de fiscalía que superan los 700 años de prisión. El supuesto fraude fiscal denunciado por el ministerio público y la Abogacía del Estado se limita, sin embargo, a 4,4 millones de euros.