El Supremo revisa las penas a 20 cargos de Batasuna por las ‘herriko’

El Tribunal Supremo revisará este martes en una vista pública las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a 20 dirigentes de la ilegalizada Batasuna por un delito de integración o colaboración con organización terrorista, al considerar acreditado que financiaron a ETA a través de las denominadas 'herriko tabernas'.

El tribunal, que absuelve por falta de pruebas a otros 14 acusados, impuso tres años de prisión a los exdirigentes de la formación Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Juan Cruz Aldasoro, Joseba Alvarez y Karmelo Landa, a los que atribuye un delito de pertenencia en organización terrorista.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal condenaron por este mismo delito a Jon Gorrotxategi, Floren Aoiz y Anton Morcillo, a los que impusieron un año y medio de cárcel, y aplicaron una pena de un año y tres meses de cárcel a otros doce dirigentes por un delito de colaboración con organización terrorista.

La sentencia, que se dictó 12 años después de que el juez Baltasar Garzón ordenara las primeras detenciones y contó con el voto particular de la magistrada Clara Bayarri, también acordó el comiso de 111 'herriko tabernas' y absolvió a los responsables de otras cuatro que se sentaron en el banquillo de los acusados.

En el macrojuicio a Batasuna se quitó la acusación a Arnaldo Otegi

El tribunal, integrado por Angel Hurtado, Julio de Diego y Clara Bayarri, consideró probado que las 'herriko tabernas' eran propiedad de la ilegalizada Herri Batasuna y que la formación las utilizó par convertirlas en "fuente de financiación del entramado de ETA", lo que justifica su comiso.

"Si Herri Batasuna gestionaba las 'herriko tabernas', y era de conocimiento y de común aceptación que Herri Batasuna y ETA eran lo mismo, quienes formalmente figurasen como titulares de las 'herriko tabernas' ni podían ignorar esto ni, por lo tanto, que los recursos que desde ellas llegasen a la formación política se ponían a disposición de la banda armada". De esta forma, los acusados estaban "contribuyendo a la financiación de la actividad terrorista" del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), controlado por ETA.

A juicio de la mayoría, las 'herriko tabernas' constituían "una infraestructura logística para el desarrollo de las actividades de organizaciones satélites, controladas por el frente militar de la banda, tales como KAS/EKIN, Jarrai/Haika, Herri Batasuna y Gestoras Pro Amnistía, a la vez que servían de base para el depósito de material y propaganda relacionados con actividades de violencia callejera o 'kale borroka'.

En el juicio oral, la Fiscalía de la Audiencia Nacional rebajó su petición inicial de 12 años de cárcel y pidió cuatro y medio para los cinco principales dirigentes y dos años y dos meses para el resto de acusados.

En la sentencia el tribunal aceptó la petición fiscal de rebaja de penas en consideración de las "dilaciones indebidas" que se produjeron durante el procedimiento, que fue incoado en el año 2000 desde el Juzgado Central de Instrucción número 5.

En concreto, los acusados a los que se atribuye un delito de colaboración con organización terrorista son Vicente Enekotegi, José Luis Franco, Enrike Alaña, Maite Amezaga, Juan Ignacio Lizaso, Jon Martínez, Patxi Jagoba Bengoa, Idoia Arbelaitz, Jaione Intxaurraga, Agustín Rodríguez, Izaskun Barbarias y Rubén Granados.

Además, quedaron absueltos María Isabel Mandiola, Santiago Hernando, Adolfo Arraiz, Mikel Arregi, Juan Carlos Rodríguez, Kepa Gordejuela, Esther Agirre, Miren Jasone Manterola, Xanti Kiroga, Juan Pedro Plaza, Segundo López de Aberasturi, Sabino del Bado, Pedro Félix San Sebastián y Andrés Larrea.

En el macrojuicio a Batasuna, que duró casi cinco meses, se retiró la acusación a otros cuatro dirigentes de la formación, entre ellos su portavoz nacional, Arnaldo Otegi, que cumple una condena de seis años y medio de cárcel por intentar reconstruir Batasuna a partir del proyecto Bateragune.