El interventor municipal alerta de la situación económica de Almonte

La situación financiera del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), gobernado por el PP, pende de un hilo a juzgar por un demoledor informe del interventor municipal. En ese documento, emitido el pasado 17 de abril, subraya que la tesorería y el plan de disposición de fondos de la corporación atraviesan una coyuntura preocupante, “con perfiles de carácter muy negativos” que, de seguir así, podría “peligrar la atención puntual de obligaciones periódicas de atención preferente, como es el caso de la nómina de los empleados municipales”. El Ayuntamiento cuenta con una plantilla de 400 trabajadores a los que habría que añadir los empleados de las empresas municipales.

El interventor destaca que “la situación de la tesorería en los últimos meses ha sufrido un empeoramiento progresivo y acentuado, que ha supuesto la falta de atención de obligaciones pendientes y, en consecuencia, el incumplimiento del plazo de pago establecido por la normativa vigente”. El impago a los acreedores municipales está provocando el incremento de las reclamaciones y la exigencia de abono de intereses moratorios. Otro de los perjuicios para la tesorería está en la deuda con los bancos. “El Ayuntamiento de Almonte ha dejado de atender algunas de las obligaciones derivadas de operaciones financieras, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece la prioridad absoluta del pago de la deuda financiera por parte de las Administraciones Públicas”.

El informe remarca que el frágil estado de la tesorería está abocando al equipo de gobierno a “adoptar decisiones que se estiman peligrosas o, cuanto menos, poco recomendables”. Y añade que “la falta de atención de las obligaciones derivadas de la realización de retenciones salariales y abonos de empresariales (…) suponen el abono de intereses y gastos adicionales “que están llevando a ejecutar “operaciones de tesorería encubiertas, realizadas sin control” conforme a lo que dicta la normativa de haciendas locales. De todo ello, deduce el interventor que el aumento de gastos financieros no planificados originariamente obliga al Ayuntamiento a “destinar recursos adicionales a las partidas establecidas”.

El PSOE pide al alcalde que garantice “el cumplimiento de las obligaciones con terceros”

El informe añade otro elemento de perjuicio para la tesorería que tiene que ver con los gastos judiciales. “La excesiva litigiosidad está comenzando a derivar en un aumento exponencial de las obligaciones a satisfacer por resoluciones judiciales” lo que está obligando a destinar recursos económicos para su pago “en unos plazos muy limitados y de muy difícil negociación”. Por todo ello, el interventor insta al Ayuntamiento a “la inmediata reconducción de la situación financiera” y a revisar el plan de disposición de fondos que rehabilite la tesorería municipal y “el cumplimiento de las obligaciones legales”.

En cuanto a la situación de las empresas municipales y del ejercicio de competencias que no son propias del Ayuntamiento, el informe es contundente. Insta al equipo de gobierno a disolver las sociedades mercantiles “que se encuentran en situación de desequilibrio financiero” y que sea el propio Ayuntamiento el que asuma el servicio. El interventor señala que la situación financiera de “la práctica totalidad de estas entidades es muy comprometida” y, por esta razón, conmina a eliminar todas aquellas que no se sostengan de forma autónoma. E igualmente también insta al Ayuntamiento a “cesar” en la prestación de servicios que no sean de sus competencias.

El concejal de Hacienda, José Carlos Curto, ha responsabilizado a la Junta de Andalucía de la mala situación financiera del Ayuntamiento: “Hemos accedido a los planes de empleo joven y de mayores de 30 años, pero la Junta no nos ha abonado el 50% que le corresponde. Hemos visto prioritario abonar las nóminas del casi centenar de personas contratadas, pero eso ha obligado a que incumplamos algún pago con los bancos”. El concejal de Hacienda ha ligado este impago de la Administración a la delicada situación heredada del Gobierno anterior. “Aquí se ha gastado en base a parcelas sin vender y a convenios urbanísticos que después no se han cobrado”.

Por su parte, el grupo del PSOE ha exigido al alcalde, José Antonio Domínguez, que “deje de echar balones fuera” y garantice “el cumplimiento de las obligaciones con terceros”. “Estamos hablando de que el Ayuntamiento tiene una situación extremadamente grave que está poniendo en riesgo incluso el pago de las nóminas de los empleados”, ha afirmado Antonio Joaquín Díaz, concejal socialista.