La corrupción sanitaria golpea a CiU a un mes de las elecciones municipales

La Guardia Civil asestó este martes un nuevo golpe contra la la corrupción en la sanidad pública catalana al detener en Reus (Baix Camp) a la primera teniente de alcalde, Teresa Gomis (CiU), a seis cargos sanitarios y a dos empresarios. La operación, que se prolongó hasta primeras horas de la pasada madrugada y fue ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, profundiza en la extensa trama del caso Innova, que en tres años de investigación acumula más de 50 imputados en una decena de piezas separadas. Entre los implicados destaca el presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU), ex altos cargos de la Generalitat, una treintena de concejales, centros sanitarios públicos y empresas del sector.

La entrada de los agentes en el hospital municipal Sant Joan a las 9.30 marcó el inicio de una larga jornada con más de 20 registros, entre ellos los Ayuntamientos de Reus, Amposta (Montsià) y Cambrils (Baix Camp); tres hospitales; varias empresas proveedoras; y domicilios particulares, como el de Gomis. En el Consistorio de Cambrils la irrupción de la comitiva judicial obligó a suspender por unas horas el último pleno del mandato.

Además de Gomis, fueron detenidos seis directivos de la empresa municipal Sagessa, dedicada a gestionar una veintena de hospitales y centros de salud en el Baix Camp y las Tierras del Ebro. Se trata de Lluís Nualart, exdirector del hospital Sant Joan; José Augusto García Navarro, ex director general de Sagessa; Joan Maria Benet, actual gerente; Enric Agustí, director general; Antonio Foz, director de compras; y Carles Abelló, director financiero.

La operación de ayer, bautizada como Curatio, trata de desenmarañar una compleja trama de cohechos, adjudicaciones a dedo, contratos fraudulentos y facturas falsas e hinchadas que rodean al hospital Sant Joan de Reus, propiedad de Sagessa, financiado por la Generalitat e inaugurado hace cinco años bajo el mandato de Marina Geli al frente del Departamento de Salud. Las pesquisas están incluidas en la pieza separada 4 del sumario, aún bajo secreto. Uno de los asuntos a resolver es el coste que tuvo el hospital, del que aún quedan por pagar más de 90 millones. El exalcalde, el socialista Lluís Miquel Pérez, cifró en su día la inversión total en 170 millones, pero el actual Consistorio lo rebaja hasta 129 millones.

Entre los detenidos también está el director de la mutua laboral Activa Mutua 2008, Miquel Àngel Puig, y Luís Márquez, propietario de una empresa de productos ortopédicos y de traumatología. Traiber, SL, que hoy está en concurso de acreedores, causó el pasado mes de noviembre una alerta sanitaria que obligó a revisar cientos de pacientes de prótesis que no contaban con los permisos pertinentes.

La detención de Nualart es destacada: trabajó durante tres décadas en la sanidad de Reus. Fue compañero desde los inicios del principal imputado en el caso Innova, Josep Prat, cerebro del entramado de empresas municipales de Reus, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y exdirector del Servicio Catalán de la Salud. Prat está imputado en la causa, entre otros motivos, por el pago de 720.000 euros desde Innova Reus a otro exdirector del CatSalut, Carles Manté, entre 2007 y 2011, por trabajos supuestamente no realizados de asesoramiento en las obras del hospital Sant Joan y otros centros de Sagessa.

La de García Navarro es otra de las detenciones relevantes, ya que además de su cargo en Sagessa ocupa la dirección general del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), ente público que gestiona centros sanitarios por toda Cataluña.

Aunque el grueso de los hechos conocidos hasta ahora —la mayor parte del caso sigue bajo secreto de sumario— corresponden al mandato de Pérez, los últimos avances de la investigación están girando el foco hacia el Gobierno de la Generalitat y varios alcaldes de CiU en Tarragona. Esto ha llevado a la federación nacionalista, que en un inicio desdeñó el caso, a mantener una posición cada vez más beligerante contra el juez instructor. El último ejemplo fue cuando el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, trató de cuestionar la labor de Diego Álvarez de Juan con una información falsa. “Este mismo juez imputó a todo el Ayuntamiento de Vila-seca y después la Audiencia Provincial dijo que no había ningún motivo para ello”, afirmó Homs. En realidad, lo que dictó la Audiencia fue un cambio de juzgado al estimar que el de Reus no era competente para investigar al presidente de la Diputación de Tarragona, que sí sigue imputado.

La Guardia Civil extiende la investigación a Amposta, también gobernada por CiU

El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, insistió en que la Generalitat trata de arreglar “desde hace tiempo” las irregularidades, que achacó al anterior gobierno local del PSC. En la misma línea se manifestó el alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), quien días atrás ya decidió no incluir a Gomis en su lista para las próximas municipales. “Todo esto no viene de ahora. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido tapar agujeros”, dijo ayer Pellicer. Sin embargo, el juez del caso ha tenido que advertir a la Generalitat para que dejara de obstruir las investigaciones con constantes autos de reproche. Gomis y el resto de detenidos están siendo investigados por falsedad documental, malversación, prevaricación, soborno, tráfico de influencias y blanqueo.

Las pesquisas se centran cada vez en hechos más recientes. Gomis, por ejemplo, ya estaba imputada en el caso Innova por la liquidación de Shirota, una empresa de investigación nutricional en la que Reus ha enterrado más de tres millones de dinero público. Ayer los agentes también registraron el Ayuntamiento y el Hospital Comarcal de Amposta, presidido por el alcalde, Manel Ferré (CiU). Este es también, a su vez, presidente del CSC.

Una auditoría detectó en el Hospital de Amposta, gestionado por Sagessa, 4,1 millones de euros en adjudicaciones irregulares realizadas durante el año 2013. Los contratos en entredicho abarcan desde el suministro eléctrico al mantenimiento de maquinaria pasando por el servicio de ayuda domiciliaria o el de restauración.

ERC, en la oposición local, llevó hace unos meses al Tribunal de Cuentas la externalización del servicio de transporte adaptado, que fue ortogado a Ambulàncies Baix Ebre. El dueño de esta empresa, Bernardo Coslado, también está imputado por cohecho en el caso Innova por pagos opacos a Prat por valor de 5.000 euros mensuales.