Votar en clave local o en clave de castigo

A cuatro semanas de las elecciones municipales y autonómicas en 13 comunidades no está nada claro que vayan a celebrarse dentro de una simple lógica de política local y/o regional. El malestar social acumulado en casi siete años de crisis económica y la fenomenal crisis de legitimidad desatada por los sucesivos escándalos de corrupción que sacuden la conciencia cívica del país ponen inevitablemente en primer plano otro tipo de consideraciones y ofrecen a los electores una gran ocasión para castigar a los responsables de tantos desmanes y del incremento de la desigualdad social y económica.

Se vio ya en las elecciones al Parlamento de Andalucía del 22 de marzo: es imposible no entender el fuerte retroceso sufrido en ellas por el PSOE y el PP como un castigo por los escándalos de los últimos años y por su actuación en el Gobierno de España, algo que en puridad no era el motivo de aquellas elecciones. Y así sucedió también en las europeas de mayo de 2014, en las que el malestar sociopolítico dio pie incluso al despegue de una nueva fuerza política, Podemos, cuya aparición alteró la relación de poder en el sistema de partidos y, a su vez, abrió el camino para la posterior implantación de otra, Ciudadanos.

No, no está claro a qué lógica van a dar prioridad los electores a la hora de decidir el voto. No se sabe si como suele suceder en este tipo de elecciones primará la personalidad de los candidatos a alcalde o presidente, el premio o castigo a gestiones puramente locales y regionales, o si pasará otra vez a primer plano un juicio más amplio relacionado con la situación general de crisis económica y política en que está inmersa la sociedad española desde 2008.

De cómo se resuelva esta incógnita depende en gran parte el resultado global de unas elecciones que, en principio, se interpretan en clave local y regional. El PP puede cosechar una derrota histórica si se impone la lógica del castigo por el fracaso de su promesa de resolver la crisis económica y por los escándalos de corrupción que le arrastran por los juzgados. La perspectiva para el PP no mejoraría mucho, sin embargo, si el 24 de mayo se impusiera finalmente en las urnas la lógica política local y regional, pues lo cierto es que muchos de los casos de corrupción han estallado en los entornos de sus gobiernos regionales y municipales de Madrid, Valencia, Baleares, Castellón, Alicante y un largo etcétera.

El PP puede cosechar una derrota histórica si se impone la lógica del castigo por el fracaso de su promesa de resolver la crisis y por los escándalos de corrupción

De esto depende también, claro, el papel que vayan a tener Podemos y Ciudadanos, los dos partidos que se presentan como gran novedad en el escenario municipal y regional. Ninguno de los dos tiene experiencia alguna en la gestión de ayuntamientos y comunidades autónomas. Ni surgen de una vocación municipalista. Lo que les impulsa no es una demostrada capacidad de gobierno, sino la simple oferta de novedad. Es decir, una promesa de aire nuevo, de renovación, que puede resultar atractiva para muchos votantes y muy funcional para apartar de posiciones de poder en ayuntamientos y gobiernos autónomos a partidos que con los años han caído en la tentación de considerarse sus propietarios.

Si así es en el plano general español, más aún lo es en el escenario catalán, en el que, además de las circunstancias generales, opera otro factor muy específico. El movimiento independentista ha apostado claramente por convertir las elecciones municipales en una primera vuelta de unas elecciones al Parlament a celebrar en otoño, como sucedáneo del referéndum que el Gobierno del PP y el Tribunal Constitucional les impide llevar a cabo. Una nueva prueba de fuerza, pues, o de acumulación de fuerzas, que en realidad no es más que la repetición del argumento utilizado ya en las últimas autonómicas. Y en las penúltimas, por cierto.

Este es el esfuerzo de ERC y sus aliados de la ANC y puede que el PP y Ciutadans, partidos con presencia testimonial en el municipalismo catalán, estén interesados en recoger el reto. Les resulta útil para adquirir protagonismo en una batalla en la que tienen poco o ninguno. Pero no es el caso de los demás partidos. CiU necesita renovar y mantener su amplia presencia territorial como emanación del centro derecha después del trauma provocado por el hundimiento de la figura de Jordi Pujol. Los socialistas se juegan su reducción a mera fuerza municipal en el área metropolitana de Barcelona y el papel como segunda, tercera o cuarta fuerza. Lo que les interesa es reforzar su perfil de oposición a CiU y PP, su trayectoria municipalista.

La izquierda que ha confluido en torno a Ada Colau juega por primera vez una opción propia a la alcaldía de Barcelona con posibilidad de éxito, impulsada por la oleada del malestar social y el rechazo a las recetas neoliberales de los gobiernos de CiU y PP. A ninguna de estas fuerzas le interesa convertir la campaña para el voto municipal del 24 de mayo en una campaña para otra cosa.