La Generalitat creará un buzón para denunciar a defraudadores fiscales

El Gobierno de la Generalitat ha presentado hoy el plan para prevenir y reducir el fraude fiscal en los próximos cuatro años. El programa, contemplado en los acuerdos de estabilidad parlamentaria con ERC, prevé una batería de 86 medidas para aflorar una parte de los recursos que hoy permanecen en la economía sumergida y evitar la morosidad en el pago de las deudas con la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Entre ellas, hay la ampliación de la plantilla de inspectores y gestores tributarios, la creación de equipos de investigación patrimonial, la lucha contra las "deslocalizaciones fraudulentas" de contribuyentes o la creación de un buzón en el que los ciudadanos podrán denunciar, de forma documentada, infracciones que puedan haber cometido otros contribuyentes.

Las medidas recogidas por el plan se estructuran en cuatro ámbitos: la prevención del fraude, el control tributario, la implicación social en la prevención y nuevas medidas organizativas. Para empezar, la Generalitat encargará a un grupo de expertos el cálculo de "la brecha fiscal" entre los recursos que potencialmente se recaudarían en Cataluña y los que efectivamente se pagan a causa de la economía sumergida, las actividades declaradas incorrectamente o las deudas fiscales. A partir de aquí, se llevarán a cabo todas las medidas.

Este mismo año, por ejemplo, se creará un buzón online en el que los ciudadanos podrán denunciar presuntas prácticas fraudulentas de otros contribuyentes. El director del programa para la aplicación y el desarrollo de los tributos de Cataluña, Jordi Boixareu, ha explicado que las denuncias podrán efectuarse de forma anónima. "Deberán aportar documentación. Si solo se describen unos hechos sin esas pruebas que justifiquen la denuncia podría ser que no se investigara", ha señalado. Entre las actuaciones para mejorar la consciencia fiscal de los ciudadanos, ha indicado Boixareu, también hay "la introducción de programas de pedagogía en secundaria" o un "reconocimiento a las buenas prácticas" con distintivos a empresas y contribuyentes.

La Generalitat también efectuará un mayor control sobre los contribuyentes con la incorporación de una plantilla de 114 personas, de las cuales 25 serán inspectores. Según ha señalado la directora de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), Teresa Ribas, el Ejecutivo quiere pasar del cuerpo actual de 324 funcionarios a unos 600 en 2018. Este cuerpo deberá identificar casos de deslocalizaciones fraudulentas y llevar a cabo investigaciones patrimoniales en caso de fraude organizado. Para ello, se crearán equipos que se encargarán de localizar contribuyentes y patrimonios que hayan sido "ocultados deliberadamente".

La Generalitat también ha fijado unos sectores económicos determinados. En concreto, se dedicará prioritariamente al inmobiliario, el turismo, el juego, las subastas, las concesiones administrativas y la compraventa de oro, joyas y vehículos. Boixareu ha anunciado que, por ejemplo, se cerrará un acuerdo con la Dirección General de Policía para identificar a quienes se alojen como turistas en establecimientos de uso turístico. De esta forma, ha asegurado, se podrá controlar los alojamientos que no abonan la tasa turística.

El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ha asegurado que el plan trata de "crear un entorno y un clima de cumplimiento fiscal" para que este sea la "actitud natural de los ciudadanos". Mas-Colell ha recordado que se estima que en España la economía sumergida es de alrededor del 20% del producto interior bruto (PIB), lo cual equivale a unos 200.000 millones de euros. Mas-Colell ha explicado que si se aflorara esa cantidad la mitad se "volatizaría", bien porque se trata de actividades criminales o porque serían "inviables con impuestos". Aun así, ha recordado que solo que se lograran emerger 30.000 millones de euros eso supondría reducir el déficit público español en tres puntos de golpe.