De parque natural a rambla marina
Ecologistas y científicos denuncian que el nuevo plan de la Generalitat para las Illes Medes aumentará las inmersiones y pondrá en riesgo el ecosistema
La tramitación del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural del Montgrí-Medes ha generado una gran polémica en el territorio. Los empresarios que viven de la actividad del buceo respaldan el plan, pero ecologistas y científicos alertan de que el programa “no tiene como objeto real la conservación y preservación de los espacios naturales de las Illes Medes y favorece los intereses de las empresas de actividades subacuáticas”. Estos grupos sostienen que el Gobierno catalán quiere convertir este archipiélago en un “parque subacuático” y piden que se aplace la aprobación del plan y se tramite otro para mejorar la conservación del patrimonio natural.
En 1990 se publicó la ley que regulaba las actividades económicas en las Medes. Para desarrollar esta ley cada cuatro años se aprobaba un plan que fijaba criterios de gestión y regulaba la inmersión. En los últimos 25 años se pasó de permitir un máximo de 1.000 inmersiones al día a las 450 actuales. Con las modificaciones previstas, más de un millar de personas al día —más del doble que ahora— podrán pasearse por el fondo marino de este espacio protegido. El viernes terminó el periodo de información pública; ahora se estudiarán las alegaciones y se redactará el PRUG final. Para ser aprobado, este deberá tener el beneplácito de la junta rectora del parque, en la que están todos los agentes implicados.
Según la Generalitat, el Parque Natural modificó el año pasado el sistema de control de las actividades de los submarinistas en las Medes, de modo que dependiendo del progreso de la conservación del fondo se podría aumentar o reducir cada año las inmersiones en cada boya. El consejero de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, asegura que ese incremento “no pondrá en riesgo el ecosistema ni las especies, lo cual avalan “estudios de rigor científico”.
La UB critica que los cambios no están basados en criterios ecológicos
El nuevo plan introduce una serie de cambios, por ejemplo, en el tope de inmersiones, cuyo cómputo pasará de ser diario a anual. Se trata de una reivindicación histórica de los empresarios. Ahora pueden practicarse 164.000 buceos anuales, aunque dado el mal tiempo se acaban realizando 62.000. Con la modificación, se permitirán 77.000 anuales, sin límite diario, evitando que haya más de 45 submarinistas simultáneamente. Es decir, se pueden hacer varios turnos de 45 submarinistas en un día. Esto permitirá que las empresas de buceo no pierdan los cupos de invierno ni de días de mal tiempo y los puedan acumular en verano o en fines de semana, cuando hay más demanda. A la práctica, la cifra de inmersiones anual podrá ser superior a la actual.
La Asociación de Naturalistas de Girona (ANG) y la Institución Altoampurdanesa para el Estudio y Defensa de la Naturaleza (IAEDEN), que han presentado alegaciones al plan, alertan del riesgo que supone la pérdida del límite diario, ya que en verano “la presión sobre el sistema subacuático alcanzará unos valores nunca vistos bajo el régimen de licencias actual”. “Esta presión puntual y muy intensa podría provocar efectos irreparables en el ecosistema como la pérdida de especies o la degradación de hábitat hasta más allá de su capacidad de regeneración natural”, mantienen.
Además, el Plan también aumenta el número de zonas de inmersión, ya que ahora hay doce boyas de amarre y en esta modificación se amplía a 16. El texto propone, además, gestionar la frecuencia en cada punto de buceo según los daños que se pueda causar a su biodiversidad, dependiendo de la evolución de los indicadores biológicos. Es decir, en zonas como El Tascó Gros, considerada una zona de afectación, el número de inmersiones permitidas se reduciría, y en la Cova de la Reina, sin afectación, aumentaría. Los ecologistas aplauden esta medida.
Desde el departamento de Ecología de la Universitat de Barcelona (UB) también creen que “el número actual de submarinistas es excesivo” y se han mostrado en contra a los cambios propuestos porque “el número máximo de buceadores en cada zona no está basado en criterios biológicos”.
La Generalitat recauda por cada inmersión que hace cada persona 4,90 euros, lo que supone ingresos de más de 300.000 euros anuales. El impacto económico tanto del submarinismo como de otras actividades marítimas asciende a más de seis millones de euros y da trabajo a casi 200 personas.
