Mas despliega una ofensiva exterior para reivindicar el 27-S como plebiscito

El Gobierno catalán está en plena ofensiva para acreditar ante la comunidad internacional que no ha tenido más opción que adelantar las elecciones autonómicas y concebirlas como un referéndum ante las reiteradas negativas del Estado para autorizarlo. El Ejecutivo remitió a principios de mes a las embajadas de la UE un informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional que concluye que los comicios el 27 de septiembre son la única salida legal ante las constantes negativas de Mariano Rajoy a celebrar una consulta. A ese texto, se ha sumado también ahora el de la hoja de ruta consensuada entre CDC y ERC que marca este calendario: si el soberanismo vence el 27-S, fijará un plazo máximo de 18 meses para votar una constitución catalana y proclamar la independencia.

Con ese despliegue diplomático, el Ejecutivo catalán refrenda que las elecciones son de carácter plebiscitario, etiqueta que rechaza el resto de partidos del arco parlamentario, salvo Esquerra y la CUP. Fuentes del Gobierno catalán sostienen que hasta ahora los contactos con los representantes extranjeros han sido de carácter informal y que su reacción mayoritaria ha sido receptiva más allá de la incomodidad que les supone tener que posicionarse en un asunto que afecta a uno de sus socios. Algunos, eso sí, lo encajan con más distancia por si en sus territorios pudiera sentar algún precedente. El pulso entre La Moncloa y la Generalitat continúa: el Tribunal Constitucional acaba de suspender también la Ley de Acción Exterior, pero la Generalitat piensa seguir actuando en ese capítulo como hasta ahora. La líder popular Alicia Sánchez-Camacho afirmó que la operación de informar a las embajadas sume a Mas en el “ridículo”.

La Generalitat defiende que los comicios permitirán salir del “bloqueo”

El documento del Consejo Asesor, de 50 folios, concluye que el 27-S debe abordar como punto prioritario el soberanismo. “La cuestión tiene que ser el punto único o absolutamente fundamental del debate (electoral)”, apunta el informe, que sostiene que el Estado ha cerrado todas las puertas políticas y jurídicas para negociar la consulta amparándose en una “infundada inconstitucionalidad” y despreciando las “exigencias derivadas del principio democrático” que concluyó en las querellas contra Mas y las consejeras Ortega y Rigau. El estudio recuerda que tras el 9-N Mas volvió a pedir sin éxito a Rajoy abrir la negociación y que el fracaso de la gestión conduce a convocar elecciones para salir del “bloqueo”.

Bajo el título El proceso para hacer la consulta sobre el futuro político de Cataluña: un balance, el texto es un relato jurídico-político desde la primera manifestación de la Diada de 2012 hasta el 9N. El informe recuerda los pasos dados por el Parlament desde la Declaración de Soberanía de 2013 y cita los intentos que ha dado Mas en favor del diálogo —alude a la carta que le envió a Rajoy solicitándole negociar y que este tardó 50 días en contestar- o la propuesta de consensuar con él la pregunta del 9-N tras haberla pactado con las seis fuerzas soberanistas. “[Mas] asumía la posibilidad de tener elevados costes políticos internos”, afirma el documento.

Paralelamente, el órgano defiende la consulta al esgrimir que encaja en la Constitución al no ser un referéndum -—no concordaba con el censo con el cuerpo electoral ni los instrumentos para regirlo—. “No es un referéndum del que se pueda derivar directamente la autodeterminación o la secesión unilateral del Estado, sino eventualmente una negociación entre la Generalitat y el Estado en el marco de la legalidad y de los procedimientos de reforma constitucional”, reza recogiendo las “inusuales, urgentes y extraordinarias” convocatorias del Consejo de Estado y del Alto Tribunal para frenar el 9-N.

El estudio no pasa por alto que la víspera de la consulta los sistemas informáticos de la Generalitat sufrieron un ataque cibernético: “(…) No podemos certificar el origen del ataque que afectó a aspectos tan sensibles como la salud y la seguridad de los ciudadanos. Fue una acción encargada y financiada anónimamente con el objetivo de obstaculizar el buen desarrollo del proceso”. Y recrimina al Estado, aunque deslice que no es su objetivo analizarla al detalle, su estrategia política de presión diplomática internacional contra la consulta: “(…) para desacreditar el proceso o las maniobras para desinformar a los ciudadanos con la filtración de informes policiales falsos para condicionar la voluntad de los ciudadanos extendiendo miedos y creando tipo de incertidumbres injustificadas”.