Agentes de la UCO llevan meses sobre la trama del entorno de Rus

Un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estado investigando en secreto durante meses la presunta trama corrupta que ha operado en torno a la Diputación de Valencia que preside Alfonso Rus, que es también líder provincial del PP. Según fuentes conocedoras de las pesquisas, se trata de la misma unidad de élite que ha destapado irregularidades en Andalucía relacionadas con el caso de los ERE.

Los investigadores se desplazaron desde Madrid para evitar filtraciones, según las mismas fuentes, que afirman que el caso tiene gran extensión y ramificaciones en el extranjero, con inversiones en Brasil que procederían de fondos obtenidos de forma ilícita mediante el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.

La Fiscalía Anticorrupción denunció el caso al juez hace unos días después de haber mantenido abiertas las pesquisas desde el verano pasado, cuando la diputada provincial de EU Rosa Pérez denunció los hechos al ministerio público. El juzgado de Instrucción número 3 de Valencia ha declarado el secreto de sumario. La Diputación de Valencia se ha manifestado ajena a las supuestas irregularidades y ha asegurado que ha puesto en marcha una investigación interna.

En el centro de la investigación se sitúa Marcos Benavent. Éste fue incluido por Rus, también alcalde de Xàtiva, en su equipo de gobierno municipal. Más tarde, el presidente de la Diputación aupó a Benavent a la gerencia de Impulso Económico Local (Imelsa), una empresa pública con competencias tan variadas como las brigadas forestales, la organización de cursos de formación profesional para el empleo, la ejecución de ayudas europeas, inversiones en piscinas cubiertas, césped artificial o promoción turística de los municipios de la provincia de Valencia.

Una empresa de Benavent, con un solo trabajador y sede en un domicilio particular de Xàtiva, se dedicó según la investigación a facturar por servicios supuestamente falsos a mercantiles que recibían adjudicaciones de Imelsa y de la Diputación de Valencia o eran contratadas por la empresa Valmor Sports, que también se halla bajo escrutinio judicial por supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia, la causa en la que está imputado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.

En menos de un año, la mercantil de Benavent facturó 600.000 euros a las adjudicatarias de contratos públicos con justificaciones tan dispares como trabajos de movimientos de tierra y suministros de toallas.

Fuentes del caso señalan que eso fue una parte de la actividad de la red, y que Benavent actuó como conseguidor ante diversas Administraciones, desde contratos en pequeños municipios de la comarca de La Costera (cuya capital es Xàtiva, en el interior de Valencia) hasta servicios relacionados con la Copa del América.

Las pesquisas no se centran solo en Benavent, sino en un amplio número de personas, entre las que figuran varios cargos públicos, aseguran las fuentes. Los investigadores han hallado indicios de que el dinero presuntamente proveniente de comisiones se invirtió en propiedades inmobiliarias, tanto en la Comunidad Valenciana como en el extranjero, concretamente en Brasil.

En diciembre pasado, cinco meses después de que la Fiscalía abriese sus diligencias, Benavent dimitió como gerente de Imelsa presionado por el presidente de la Diputación. La relación entre ambos, que llegó a ser estrecha, se había envenenado. En enero, la corporación provincial presentó dos denuncias contra el exgerente por supuestas irregularidades en gastos de la empresa pública. Esta semana, después de que EU levantara el escándalo, la Diputación ha anunciado, además, que ampliará las denuncias contra Benavent. Y que ha "contratado un auditor para analizar la gestión de los años en los que fue responsable como gerente" de Imelsa.