El Supremo obliga a repetir el fallo que anuló la Operación Chamartín

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que en junio de 2013 bloqueó la conocida como Operación Chamartín. El fallo obliga a la sala autonómica a dictar sentencia de nuevo al estimar que la anterior no estaba suficientemente justificada. La decisión del Supremo, así como la nueva sentencia que emita el Superior de Justicia, no debería alterar la operación, toda vez que el convenio se cambió tras el bloqueo judicial, y está en marcha ya la aprobación de un nuevo plan urbanístico que se ajusta a lo estimado en la sentencia de 2013.

La Operación Chamartín se ideó en 1993, pero la falta de consenso político bloqueó el proyecto casi una década. En marzo de 2011, el Ayuntamiento de Madrid (gobernado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón) aprobó un plan parcial urbanístico que fue refrendando por el Gobierno regional (presidido por Esperanza Aguirre). Preveía liberar (mediante el soterramiento de las vías de tren) 3,1 millones de metros cuadrados para hacer 17.000 viviendas y crear así un barrio con 50.000 habitantes.

Ese plan urbanístico de 2011 fue recurrido por un estudio de arquitectos, y el Tribunal Superior de Justicia lo anuló en junio de 2013 al estimar que vulneraba la Ley del Suelo aprobada en 2007 por Aguirre, que limitó a cuatro alturas los nuevos desarrollos urbanísticos. El plan preveía levantar una veintena de torres de más de 20 pisos. Ese mismo obstáculo frenó también, a inicios de 2012 y por sentencia del mismo tribunal, la operación para derribar el estadio Vicente Calderón para construir pisos.

La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que se ha pronunciado ahora. Pero, entre tanto, el Gobierno regional cambió la Ley del Suelo (lo hizo en primavera de 2013, después de que Ignacio Gonzalez sustituyera a Aguirre al frente de la Comunidad) para soslayar el límite de las alturas.

Ése no era sin embargo el único obstáculo. El plan estipulaba que, a cambio de levantar los pisos, los propietarios del suelo sufragarían la ampliación de cinco paradas de la línea 10 de metro y construirían un túnel entre la Castellana y el barrio de Las Tablas. El Superior de Justicia estimó que no se les podía obligar a pagar las obras (valoradas en 244,5 millones de euros).

El nuevo plan descarta la construcción del túnel por encontrarse fuera del ámbito. La ampliación del metro será costeada no por los propietarios del suelo sino por la empresa encargada del desarrollo, Distrito Castellana Norte Madrid (del BBVA y la constructora San Jose).